Nace una plataforma que reclama mejores sueldos para los educadores sociales

Centenares de educadores y trabajadores sociales del Camp de Tarragona y el resto de la provincia se han reunido en los últimos meses en diferentes asambleas para denunciar su situación laboral en los centros de menores. Después de que las negociaciones sobre el convenio del sector entre sindicatos y la patronal se hayan encallado, los trabajadores exigen a la Generalitat que dé un paso adelante para «dignificar» el sector.

Bajo la plataforma Acció Social lluita, unos 260 educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales, se han agrupado para exigir mejoras salariales en el convenio colectivo. Javitxu Díaz, portavoz de esta plataforma destaca el apoyo conjunto que han recibido de CCOO, UGT y CGT; una sintonía, asegura, «que en el campo social no se había hecho antes». «La idea es trasladar que, ahora mismo, la única forma de desbloquear la situación es que la administración se mueva», explica.

Los educadores reclaman una subida de sueldo parcial este mismo 2019. En los últimos 10 años, el incremento ha sido del 1,2% y exigen un aumento del 3%. Entre 2012 y 2017 el sueldo no subió ni un euro. En el último convenio de 2018, los trabajadores consiguieron un 0,8% de aumento.

Uno de los colectivos que atienden a los educadores son los menores extranjeros no acompañados, bajo la tutela de la Generalitat hasta que son mayores de edad. La llegada masiva en los últimos años de estos adolescentes ha desbordado en el gobierno, que deja en la mayoría de casos la gestión de estos centros a entidades privadas.

En su manifiesto, Acció en Lluita denuncia una «progresiva precarización» del sector en los últimos años y una «falta de recursos». Los profesionales, que trabajan con mujeres maltratadas, menores tutelados por la Generalitat, personas con enfermedades mentales y refugiados, entre otros, dicen sentirse «abandonados» por el gobierno y critican que se deje en manos «de intereses privados la protección de la población más vulnerable».

Las empresas ponen como condición a cualquier mejora salarial un compromiso de la Generalitat para mejorar la financiación de este servicio. «La patronal nos dice que tenemos razón, que se tiene que dignificar el sector, pero no harán nada hasta que tengan un compromiso de la administración», afirma Díaz.

Protesta en la URV

Los integrantes de Acció en Lluita preparan una protesta el miércoles en la URV con motivo de la presencia de la Secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, que participará en unas jornadas de trabajo. En una carta, los educadores piden a Oliva una reunión para poder trasladar sus quejas y denuncian el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. La plataforma hace un llamamiento a los profesionales del ámbito de Acció Social a manifestarse en el Campus Cataluña a las 8.30 horas.

Tanto la patronal como los trabajadores admiten que se ha «perdido» una década de negociaciones. Educadores y trabajadores sociales denuncian la diferencia salarial y de condiciones laborales entre los trabajadores de los centros gestionados por entidades privadas y los profesionales en centros de titularidad pública, que disfrutan de mejores prestaciones y defienden que, al fin y al cabo, el servicio que ofrecen es público. También piden una revisión de las categorías profesionales haciendo una equiparación al alza.