Un inspector y dos sargentos, acusados de asediar a cuatro Mossos d'Esquadra

Cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra piden hasta 44 años de prisión para un inspector y 20 años para dos sargentos, a los cuales acusan de atentar contra su integridad moral por una campaña de acoso laboral, fustigament y trato degradante y vejatorio a raíz de discrepancias sobre permisos y servicios. En su escrito de calificación provisional, a la que ha tenido acceso Efe, los cuatro agentes, adscritos al área de recursos operativos (ARRO) de la región policial del Camp de Tarragona, piden también una indemnización de 30.000 euros cada uno, por los daños morales sufridos, ya que, según denuncian, incluso tuvieron que estar de baja por ansiedad y depresión.

Un juez de Tarragona dejó el caso en puertas de ir a juicio en el 2018, en una resolución que fue recurrida por los servicios jurídicos de la Generalitat y que finalmente ha sido avalada por la Audiencia de Tarragona, que concluyó que existen «bastantes indicios» que supuestamente existió una situación de acoso en un clima de conflictividad laboral.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Tarragona, que investigó el caso, acordó llevarlo a juicio después de determinar que los trastornos psíquicos que sufrieron los cuatro agentes, representados por los letrados Javier Aranda y Javier Peiró, de los servicios jurídicos del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), fueron «compatibles con una reacción psíquica a la conflictividad laboral vivida».

En su escrito de acusación, los cuatro agentes sostienen que, después de un distanciamiento en el 2008 sobre el reparto de horas extraordinarias, los permisos y la asignación de servicios, los dos sargentos al frente de su unidad iniciaron una campaña de «continuo fustigament, dispensándoles un trato denigrante y vejatorio, llegando «incluso» a humillarlos «en presencia del resto de sus compañeros», que se prolongó al menos hasta el 2013.

Como ejemplo, detallan que uno de los sargentos ordenó a los cabos responsables de sus equipos que los sometieran «a un seguimiento detallado» para que la presión bajo la cual realizaran su labor fuera tan «asfixiante» que optaran por pedir el traslado.

También apuntan que los sargentos obligaban a uno de ellos, que tiene problemas en una rodilla, a hacer carrera continua cada día durante media hora, igual que sus compañeros, o que les prohibían ponerse un forro polar para abrigarse del frío.

Otro de los ejemplos de este clima constante de «fustigament» que dicen que sufrió fue que a uno de ellos lo hicieron salir en el 2013 de una reunión en la que los mandos querían felicitar su unidad por la detención de una persona que se había visto implicada en la muerte de un agente, alegando que no confiaban en él. Ante esta situación, denunciaron delante del inspector varias veces el «fustigamiento» del cual eran víctimas, si bien este mando, en lugar de abrir una investigación por aclarar si estaban siendo objeto de un trato degradante, actuó en «connivencia» con los dos sargentos y «obstaculizó» cualquier iniciativa para reconducir la situación. De hecho, los dos sargentos plantearon paralelamente continuas quejas delante de sus superiores, echándoles en cara el cumplimiento de las funciones de los cuatro mossos, lo que originó que se los abrieran diferentes expedientes disciplinarios que fueron sucesivamente anulados por sentencias del juzgado contencioso.

Según los denunciantes, ante esta situación acabaron precisando asistencia médica por un trastorno ansioso-depresivo, teniendo que ser tratados con fármacos y llegando a encontrarse de baja. Por este motivo, acusan a los dos sargentos de cuatro delitos contra la integridad moral, por el cual piden para cada uno de ellos una pena de 8 años de prisión, y de cuatro de lesiones, por el cual piden para cada sargento una pena de 12 años de prisión. Para el inspector, los cuatro agentes solicitan, además de los 20 años de prisión por los mismos delitos que los dos sargentos, 24 años más por cuatro delitos de falsedad en documento público, al sostener que firmó un informe en el 2012 que no se ajustaba a la realidad y que propició que se los abriera un expediente disciplinario.