Erradicar el top manta, el eterno propósito de los ayuntamientos costeros

Evitar la presencia de vendedores ambulantes es uno de los retos que arrastran muchos ayuntamientos desde hace cerca de 20 años. El conocido como top manta ocupa indiscriminadamente plazas y calles, especialmente en la costa, donde los vendedores buscan turistas que se dejen seducir por imitaciones de grandes marcas a precios muy bajos. La estrategia para erradicar a los manteros ha ido evolucionando y, recientemente, Roses, el Vendrell y Sitges han incorporado agentes de seguridad privada a sus dispositivos policiales. El experimento ha reducido sustancialmente la presencia de vendedores y municipios como Cambrils no descartan probarlo, si bien la Generalitat recalca que no existe una solución única aplicable por todas partes. Mientras tanto, los manteros denuncian que se sienten perseguidos política y policialmente por motivos racistas.

Sitges ha estrenado este año la presencia de agentes privados en el dispositivo policial para frenar el top manta. «La experiencia está siendo muy positiva porque nos permite ocupar más tiempo y más espacio a toda la zona marítima», relata el inspector jefe del municipio, Rafael Pino, que recuerda que los últimos años han echado a los vendedores del centro y se concentran sólo en la zona de la playa. Al mismo tiempo, destaca que incorporar agentes privados permite a la policía poder destinar efectivos a otras tareas, como la vigilancia a las urbanizaciones.

Desde la empresa Barna Porters Seguretat –adjudicataria de la prueba piloto hecha en enero-, aseguran que la respuesta ha sido «buena, salvo algún pequeño incidente». El jefe de Seguridad de la compañía, Albert Mazo, admite que inicialmente temía que se pudieran producir problemas de autoridad, si bien el dispositivo ya contempla que una hipotética detención o diligencia la tiene que instruir siempre a la Policía Local. Después de los temores iniciales, Mazo destaca que el patrullaje conjunto ha sido eficaz, de manera que los manteros se han marchado cada vez que se ha peinado la zona.

El único incidente, apunta, se produjo por el malestar de un vendedor ambulante hacia la presencia del perro que acompaña siempre a una de las patrullas mixtas. Mazo destaca que el animal forma parte del cuerpo de seguridad como estrategia de defensa, y asegura que se convierte en un elemento disuasivo inmediato hacia los manteros, especialmente entre los de religión islámica.

A pesar de celebrar los resultados del patrullaje mixto, sin embargo, el inspector Rafel Pino también lamenta que los vendedores no detienen la actividad, sino que se marchan a otros municipios. Es por eso que reclama un «abordaje global» del fenómeno, tanto con respecto a la coordinación entre cuerpos de policías locales, como a la necesidad de destinar recursos desde el ámbito social y económico. A opinión de Pino, eso «ayudaría a reducirlo, pero no a erradicarlo», ya que el Inspector considera que estos fenómenos «tienden a transformarse o evolucionar, pero no a ser eliminados».

En paralelo, el inspector jefe también reivindica la necesidad de incidir insistentemente en los compradores para la cual no sean cómplices de la venta ilegal. «Hay gente que se piensa que comprar productos a los manteros es una forma de ayudarlos, sin valorar que los productos pueden comportar riesgos para la salud», apunta, mientras lamenta que a menudo los vecinos se dividen entre aquellos que cuestionan los operativos policiales y los que reclaman más «mano dura».

Cambrils ve bien la vigilancia privada pero pide una estrategia conjunta

Más al sur del litoral catalán, el fenómeno se concentra de forma evidente en el cap de Sant Pere, en Cambrils -justo al límite con el término municipal de Salou-, uno de los puntos que tradicionalmente acoge a más vendedores ilegales en la Costa Daurada. En los últimos años, sobre todo durante las noches de verano, decenas de vendedores ambulantes extienden las mantas en este lugar llegando a entorpecer el paso de peatones y ciclistas. Los tenderos, sin embargo, alertan de que la problemática «va además» y que los vendedores también se mueven por la zona de Pau Casals y el puerto.

Por eso, recientemente han propuesto al Ayuntamiento que estudie contratar vigilancia privada para comprobar la efectividad de la medida. Según el presidente de la Unió de Botiguers de Cambrils, Tomàs Sierra, haría falta trabajar el problema durante todos los días del año y no ponerse en alerta justo a las puertas del verano. «Faltan efectivos para luchar contra el fenómeno y, si lo fuéramos cortando diariamente, no tendríamos 200 manteros en la zona de la Cap de Sant Pere», lamenta.

La actual alcaldesa y cabeza de lista de ERC el 26-M, Camí Mendoza, considera que la solución no pasa únicamente por las iniciativas que se tomen en el ámbito municipal, como la tarea de concienciación que ya hacen entre vecinos y turistas, el patrullaje policial o una posible vigilancia privada. Según Mendoza, hace falta una actuación coordinada entre todas las administraciones para luchar «contra las redes que distribuyen la mercancía ilegal». Al mismo tiempo, la candidata cree que eso tendría que ir acompañado de un plan para encontrar salidas laborales a los vendedores.

La cabeza de lista del PSC de Cambrils, Ana López, coincide en que el problema no está aislado y que requiere de una «mirada ancha». López se compromete a implicarse «de forma más firme» con los Mossos y con los servicios sociales, y a impulsar «una cumbre del territorio» para abordar el fenómeno. Según la socialista, la vigilancia privada sería «un parche» porque los vigilantes tienen que recurrir igualmente a la policía, pero admite que puede ser de utilidad y no se opone. López también receta mucha concienciación y pedagogía. «Hay que entender que se están favoreciendo mafias», avisa.

Desde Salou, el actual alcalde y cabeza de lista de Sumem por Salou, Pere Granados, afirma que en el municipio no tienen un problema con el top manta porque hace años, dice, que lo vienen trabajando y que ya lo resolvieron. El candidato sí que admite la presencia de vendedores ambulantes en el municipio, pero sostiene que la policía lo controla. Granados recuerda que quien quiera vender productos tiene que cumplir la ley, con licencia y el pago de impuestos correspondiendo.

El presidente de la asociación Shopping Salou, Juli Vilaplana, dice que están hartos del top manta, pero que actuar sólo contra «el último peldaño de la cadena» se ha demostrado que no es efectivo. Apuesta para hacer más concienciación y sancionar a los compradores. «Comprar productos en la calle es ilegal y hace falta que sepan a quién se está beneficiando y a quién se está perjudicando, que está en el pequeño comercio», afirma, mientras lamenta que el límite del término municipal con Cambrils se convierta «en un auténtico mercadet». «Estamos muy cansados y el cambio tiene que venir de las instituciones», reclama.

Según los hoteleros, el top manta cada vez irá además si las instituciones no se toman el problema seriamente y no se conjuran para erradicarlo. «No aporta nada positivo a la zona», sentencia el portavoz de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, Sergio Ibarbuen. Añade que están dispuestos a colaborar con la administración, por ejemplo informando a los turistas a recepción o mediante los touroperadors de que el top manta es una actividad ilícita que puede comportar sanciones económicas.

Interior acepta a las patrullas mixtas para casos puntuales

Desde el Departament d'Interior, el director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, ve con buenos ojos la introducción de vigilantes privados a los dispositivos policiales, si bien declina que esta sea una fórmula extrapolable por todas partes. Martínez pide «analizar caso por caso», en función de la singularidad del municipio, y de como y cuando se instalan los manteros. «Los ayuntamientos y la Generalitat tienen que tener una serie de posibilidades encima de la mesa, y esta es una más», afirmaba el pasado mes de abril después de participar en el Vendrell en unas jornadas sobre el top manta.

Un protocolo transversal

A su vez, la Direcció General de Comerç de la Generalitat está definido un protocolo de actuación entre administraciones y organizaciones empresariales para plantar cara a este fenómeno y evitar la proliferación de vendedores. El documento, anunciado a las jornadas del Vendrell y posteriormente confirmado por la consellera Àngels Chacón en el Parlament, servirá para concretar el rol de la Generalitat, los ayuntamientos, las cámaras de comercio, los cuerpos policiales, las asociaciones de comerciales y las autoridades portuarias a la hora de actuar contra la actividad de los manteros. Es un protocolo inspirado en el de ciudades italianas, como Venecia.

Portavoz del sindicato de manteros: la persecución política y policial es «racismo»

A su vez, el portavoz del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, Daouda Dieye, cree que el fenómeno de los manteros es un problema de racismo. En declaraciones a la ACN, recuerda que anteriormente muchos catalanes se habían dedicado a la venta ambulante, y cree que ahora se los persigue porque son inmigrantes. Pone de ejemplo que en el barrio del Raval se hacen mercados ambulantes autorizados por el Ayuntamiento, pero ellos no pueden participar, y también compara a las críticas a la ocupación del espacio público con las terrazas de bares y restaurantes.

Dieye, que del 2006 en el 2018 fue inmigrante ilegal, también responde a la supuesta competencia desleal que hacen a los pequeños comerciantes, asegurando que los manteros no tienen ningún tipo de ayuda, ni paro, ni familia ni, en muchos casos, hogar. Por eso, opina que no se les puede acusar de hacer competencia desleal a un comerciante que tiene todos los papeles en regla, autorizaciones, ayuda o paro.

Sobre las relaciones con la policía y los vigilantes de seguridad privada, cree que no han cambiado en los últimos años, pero dice que ahora hay muchos más vigilantes privados en lugares como las estaciones de Metro en comparación con antes. «A veces me pregunto en qué país estamos, si estamos en alguna guerra o conflicto», dice el senegalés.

Respecto de los políticos, admite que ningún partido se ha dirigido a ellos antes de esta campaña municipal y añade que no tienen muy buena relación, a excepción de la alcaldesa, Ada Colau, que los ha escuchado y ayudado, explica. «La mayoría de políticos son falsos porque dicen que no son racistas, pero no les gustan los manteros», asegura.

«Ningún partido ha contactado con nosotros, pero sus discursos dicen lo mismo, como si fuéramos un fenómeno», lamenta. Pero Dieye argumenta que «la venta ambulante hace siglos que existe, en Cataluña antes eran los mismos catalanes que hacían la venta ambulante, pescaban y vendían el pescado en la calle, y entonces no era un fenómeno; pero quien lo hace ahora son negros, y eso es racismo social e institucional, el problema es que la gente que lo hace no es de aquí».

Por todo eso, reivindica el trabajo del sindicato, de la cooperativa y de la tienda de ropa de la marca Top Manta, en el Raval, así como de los planes de empleo para sacar vendedores de la calle. Según él, aparte de dar trabajo estable a varios ex vendedores, el sindicato ha servido para dar voz propia al colectivo, y que nadie hable por ellos.

La creación de la cooperativa Diomcoop ha sido una «buena iniciativa», expone Deieye, ya que ha permitido que algunos vendedores «ya no estén en la calle». El proyecto fue impulsado hace un año por el Ayuntamiento de Barcelona con Colau al frente. Deieye dice que los vendedores en sus países eran «albañiles, sastres, mecánicos, artistas profesionales» pero en Barcelona «la ley de extranjería los obligaba a estar en la calle» hasta que algunos han podido trabajar en esta iniciativa.

«El problema no se acaba con más policía»

Yeray Sánchez Iborra es un periodista experto en la venta ambulante en Barcelona que recientemente ha publicado el libro 'Vida mantera'. En declaraciones a la ACN explica que «sin un cambio a nivel de extranjería es muy difícil que se vean cambios a nivel local». Con la situación actual y para avanzar hacia una solución del conflicto es partidario de «seguir alimentando los planes de empleo» que considera que han estado «una vía exitosa» en Barcelona, y también cree que sería positivo «que se respete el sindicato como voz política», si bien reconoce que para algunos partidos puede ser «difícil».

Sánchez dice que en Barcelona hay cuatro agentes implicados en el fenómeno. El Ayuntamiento se encontró un conflicto «latente» y ha reaccionado con planes policiales y sociales, estos últimos «bastante pioneros», sobre todo por «la inversión y el esfuerzo negociador». Por otra parte, define el Sindicat de Venedors como «el primer sindicato de manteros del mundo y uno de los colectivos con más voz». Los otros agentes relevantes son los comerciantes de Ciutat Vella y los medios de comunicación, que considera que en el 2015 contribuyeron a «la creencia en el efecto llamamiento y la permisividad excesiva».

Para Sánchez el mito que peor ha hecho al colectivo es que son violentos, lo que ve como «una buena excusa para hacer políticas más restrictivas en la calle». También critica que se diga que «que hay una mafia detrás» porque «se sabe donde compran los productos y la red de solidaridad que hay entre ellos». Después de analizar la situación de lo que está convencido es que «el problema no se acaba con más policía».