Las sentencias por 'bullying' entre menores se disparan en la provincia

El fenómeno del bullying o acoso escolar se dispara en las aulas de la provincia de Tarragona. El año pasado, el Juzgado de Menores dictó nueve sentencias condenatorias por los delitos contra la integridad moral, que tipifica parte de estos comportamientos. La cifra contrasta con las únicas dos resoluciones de 2017, según los datos del mismo juzgado.

El magistrado del Juzgado de Menores, Jesús María del Cacho, explica a Diari Més que se produce acoso entre los adolescentes también a través de móviles y las redes sociales. La condena en caso de bullying prevé condenas económicas de entre 2.000 y 6.000 euros «en función del daño causado».

Los delitos más comunes entre los menores son los robos y los hurtos. Para los delincuentes juveniles, el móvil es el trofeo más preciado, explica el magistrado. También destacan los robos de bicicletas y los que tienen lugar en el interior de domicilios habitados. Durante el 2018, la justicia dictó 35 sentencias condenatorias por robo con violencia e intimidación, 7 menos que en el 2017. La provincia registró 16 resoluciones por robo con fuerza, las mismas que en el 2017. Con respecto a los robos con fuerza en casas habitadas, se dictaron 16 resoluciones, la mitad que las 29 de 2017. Sobre los delitos de violencia doméstica, principalmente situaciones donde los menores agreden a sus progenitores, se registraron 16 condenas, mientras que en el 2017 hubo 27.

Caen las sentencias

La caída del número de sentencias condenatorias de delitos relacionados con menores es general, excepto en el caso del bullying donde aumenta y en algunos casos en que el número no varía. En el caso de los hurtos se dictaron 19 resoluciones (en el 2017 hubo 27), sobre tráfico de drogas sólo hubo una sentencia (en el 2017 fueron 5) y se dictaron 14 resoluciones por daños (en el 2017 hubo 17).

Del Cacho apunta al trabajo de los mediadores, que intentan encontrar un acuerdo entre las dos partes para evitar llegar a juicio, para justificar el descenso de las sentencias. «Los equipos de mediadores se han puesto las pilas y es posible que muchos casos finalmente no se hayan juzgado», señala. El magistrado, que ocupa el Juzgado de Menores desde 2005, también sostiene que a veces la fiscalía se plantea no continuar con el caso si se trata del primer delito del sospechoso y estos casos también se acaban archivando.

En relación al delito de tentativa de homicidio, el juez dictó una sentencia en el 2018, la misma cifra que el 2017. En relación a los hurtos, se registraron 19 resoluciones, 8 menos, y 27 por lesiones, 9 menos.

Como pasa entre los adultos, abogados y fiscales también dirimen casos de violencia de género entre los menores de edad. Mientras que en el 2017, el Juzgado de Menores dictó una sentencia condenatoria, en el 2018 no hubo ninguna. Las situaciones, no obstante, existen. «A veces cuesta calificarlos de violencia de género porque se trata de relaciones cortas donde no se puede afirmar que sean relaciones estables», observa el magistrado. Sin embargo, Del Cacho explica que la tendencia actual, también en la jurisprudencia, consiste en tratar como delitos de violencia de género el caos «con una mínima relación sentimental». Siendo menores intervienen sus padres que se plantean el hecho de denunciar. A veces hablan con los padres del chico, se negocia de una manera muy diferente de los casos entre adultos», afirma.

Más agresiones y abusos

Aunque las sentencias contra la libertad sexual, que incluyen violaciones y abusos sexuales, han bajado de 10 en 5, Del Cacho se muestra preocupado por un aumento de casos durante el 2019. «Empieza en un primer contacto a través de Whatsapp o Instagram y después se inicia el contacto personal», asegura el magistrado a quien asegura que los abusos y las agresiones (violaciones) aumentan entre los menores.

Casos mediáticos como el de La Manada han provocado malestar en un sector de la sociedad y un debate sobre la delimitación de la agresión sexual (cuándo hay violencia) y el abuso sexual. Del Cacho rechaza reformar el Código Penal «en caliente» y considera que la delimitación entre agresión y abuso está «muy bien delimitada». «El problema es cómo interpretas el consentimiento de la víctima o su ausencia para condenar», sigue. El juez cree que en estos casos, todo el mundo opina, pero que se trata de temas «técnicos y jurídicos» y que los únicos que saben lo que pasa son los miembros del tribunal competente.