La exdirectora de la Cooperativa de l'Aleixar ocultó un agujero de unos 2 millones de euros

La exdirectora de la sección de crédito de la Cooperativa Agrícola de l'Aleixar (Baix Camp), Maria Àngels Salvat, presuntamente habría ocultado un agujero de unos 2 millones de euros de la entidad a través de una contabilidad falsa. Es la principal conclusión a la que llega el juez Diego Álvarez de Juan en el sumario de la instrucción del caso, que levantó el pasado 26 de junio y al que ha tenido acceso ACN. En la instrucción se expone que Salvat se habría enriquecido personalmente desviando parte de este dinero, con el que habría comprado un coche de alta gamma y joyas, algunas en la prestigiosa joyería Tiffany de Nova York. La investigación también salpica de rebote al auditor que desde el 2008 controlaba las cuentas de la cooperativa, y pone en duda su tarea. Salvat, que estuvo bajo prisión preventiva, está acusada de los delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

En en el auto que el juez dictó el pasado 9 de noviembre en el que decretaba la prisión preventiva de Salvat, el magistrado afirmaba que la investigada pudo defraudar una cifra todavía por determinar, pero próxima a los dos millones de euros. El magistrado también expresaba con claridad que «los balances de la cooperativa no reflejan la imagen fiel», con un activo no acreditado de 1.440.494 euros. Por otra parte, aseguraba que el dinero que la entidad tenía en el banco no era los mismos que la acusada reflejaba como reales, y que la cooperativa tenía «graves defectos formales en las operaciones crediticias».

Hay que recordar que la misma cooperativa denunció el caso por un posible fraude, precisamente, de 1,4 millones, pero que durante el transcurso de la investigación la cifra la han elevado hasta los aproximadamente 4 millones. En un informe de los abogados de la entidad, han asegurado que a finales del 2017 el pasivo de la cooperativa era 2,2 millones superior a lo que se establecía en la contabilidad, mientras que buena parte de los activos eran «ficticios». En concreto, han estimado que en realidad había 1,6 millones menos de los que la contabilidad mostraba.

Aumento del patrimonio y de los gastos

Para los abogados de la cooperativa, Salvat «se habría apropiado de unos 600.000 euros entre 2016 y 2018 mediante la emisión de transferencias a cuentas de su titularidad». De hecho, los Mossos, en su instrucción, ponen de manifiesto que la familia de Salvat se había enriquecido año tras año y apuntan que el marido de Salvat, Jordi Viñas, habría participado de los hechos «como mínimo a título lucrativo», «beneficiándose patrimonialmente del dinero desviado por su mujer».

Los ingresos familiares aumentaron considerablemente. Así, si en el 2014 se acreditan unos ingresos de 100.000 euros, en el 2018 llegan a los 309.000. Los gastos aumentan al mismo ritmo. Entre otras razones por un crédito que la pareja pidió pero también por el ritmo de vida que llevaban. Entre muchas otras cosas, habrían adquirido un coche de alta gamma valorado por los Mossos en unos 32.000 euros, o joyas por unos 10.000, incluido un anillo en la tienda de Tiffany de Nova York.

El auditor, cuestionado

Durante la instrucción de los Mossos también se critica el papel del auditor de la cooperativa que controló las cuentas desde el 2008 hasta el 2016. La auditoría del 2017 no la finalizó porque renunció al trabajo. En el informe policial se señala que «ha podido haber cierta negligencia» en la tarea del inspector y se afirma que «se hace extraño» que no se hubieran detectado las presuntas irregularidades. También lo señala el equipo de abogados de la cooperativa, que «no llega a entender como en su función auditora no hubiera detectado que las cuentas de la entidad no reflejaban la imagen real de la empresa».

Por otra parte, en declaraciones a ACN, el abogado contratado por la cooperativa, Rodrigo Fernández, también pone el foco en el papel de la Generalitat, que había hecho inspecciones el año 2011 y también en el 2018. Fernández afirma que la administración «no tiene ninguna responsabilidad», pero cree que «la inspección de la Generalitat pone de manifiesto muy poca cosa en comparación con el qué realmente sucedía en aquella entidad». «Ha resuelto con una sanción de 4.100 euros a cada uno de los miembros del consejo rector y así la Generalitat ha acabado su tarea», apunta al abogado.

A partir de aquí, el letrado muestra incredulidad ante el hecho de que la Generalitat no hubiera detectado «absolutamente nada», cuando se habían escondido tres millones de euros en el pasivo. «Me cuesta entender como una administración que tiene una función de inspección, también cautelar y prudencial, respecto de las secciones de crédito de las cooperativas no hubiera visto los tres millones ocultos en concepto de pasivo, la principal magnitud del balance, después de dos inspecciones», lanza Fernández.

El abogado afirma que el levantamiento del secreto de sumario y los detalles que se revelan sobre esta contabilidad paralela no los genera ninguna sorpresa nueva, ya que la denuncia proviene de la propia entidad. A partir de ahora, continuará la fase de instrucción. Todavía faltan muchas declaraciones y requerimientos de documentación a entidades bancarias y administraciones públicas. «Lo que ha salido sólo es una pequeña parte, falta mucho por añadir a las diligencias previas», concluye.