Aplazan por tercera vez la primera vista oral del caso Torredembarra

El primer juicio del caso Torredembarra, que tenía que empezar el 30 de septiembre en la Audiencia de Tarragona, se ha aplazado por tercera vez. Según han confirmado a la ACN fuentes judiciales, la elevada actividad prevista en este órgano judicial ha obligado a posponer la vista hasta mediados de enero, en una fecha todavía por concretar. Inicialmente, el juicio se tenía que celebrar el octubre pasado, pero ya se aplazó en febrero. Entonces, sin embargo, tampoco se pudo hacer por la incompatibilidad de algunos abogados que se encontraban en Madrid con motivo del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo. Entre los procesados hay el exalcalde Daniel Masagué -que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión-, concejales y técnicos.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de prisión y nuevo de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el exalcalde de CiU acusado de los delitos de malversación y prevaricación porla presunta adjudicación a dedo del alquiler de dos locales. Además de Masagué, entre los encausados hay cinco concejales y exconcejales, tres extécnicos municipales, un abogado y dos empresarios, la mayoría de los cuales se enfrentan apenas de entre dos y cuatro años de prisión.

La investigación se enmarca en la pieza separada número 1 del conocido como ‘caso Torredembarra’ de presunta corrupción en el municipio. La causa, que se instruye en los juzgados del Vendrell, consta de hasta nueve piezas separadas y es el origen de la investigación del caso del 3%, de supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Los hechos que se llevarán a juicio se remontan a los años 2011 y 2012. Entre los encausados hay el entonces alcalde, Daniel Masagué; los concejales José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), Francisca Felguera (UDC) y Pere Font (CiU); la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz.

Además, también están encausados en la pieza separada número 1 el abogado Xavier Xifrà, y los empresarios locales Vicente Sánchez y Rafael Jiménez. En noviembre del 2014 juez desvinculó de esta pieza la concejala Èlia Rodríguez (UDC) y los empresarios Jordi Sumarroca -vinculado a la empresa Teyco- y Blas Niubó. Además, el exconcejal Ignasi Duran (GIT) y la interventora municipal, Esther Agulló, que también estaban incluidos en la causa, murieron el año pasado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los implicados impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales en el municipio, aunque eran sabedores que «eran contrarios a la ley» y que suponían una «pérdida de dinero del Ayuntamiento».

Uno de los locales está ubicado en la calle Riera de Gaià y actualmente ocupa la comisaría de la policía local, aunque inicialmente estaba pensado para que fuera un almacén «ya sea de archivo definitivo de documentación como de maquinaria o de vehículos de los diferentes servicios municipales. El otro está ubicado en las calles Priorat y Garraf, en la zona de Clarà, y estaba pensado para «ensayos de grupos municipales, de los Nois de la Torre -el grupo casteller- y de otras asociaciones culturales». Sin embargo, el local se ha mantenido cerrado y sin uso.

El ministerio público subraya que, en ambos casos, «los acusados actuaron siendo conscientes de que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia para alquilarlos y que existían obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes.»

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos y a nueve de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. La concejala Francisca Felguera, a tres años de prisión y ocho de inhabilitación; los concejales José Oviedo, Pere Font y Santiago Ardèvol, y la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, a cuatro años de prisión cada uno por malversación continuada y a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación.

El exconcejal Juan Pérez, el ingeniero Vicenç Ruiz y los empresarios Rafael Jiménez y Vicente Sánchez se enfrentan a dos años de prisión por un delito continuado de malversación y a cuatro de años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. El abogado Xavier Xifrà, a tres años y medio de prisión por malversación y, el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, a cinco años de inhabilitación por prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa a la nulidad de los dos contratos de arrendamiento y que los encausados devuelvan al consistorio las cantidades abonadas por los locales -222.759 euros por el local de la calle Priorat y 107.708 euros por el local de la calle Riera de Gaià-.

Avances en el caso Torredembarra

Mientras tanto, el 11 de julio el juzgado de instrucción número 1 del Vendrell procesó y dejó a punto de juicio en el exalcalde Masagué, tres miembros de la familia Sumarroca y una quincena de personas. Este procedimiento agrupa varias ramas de la investigación, como las relaciones con la constructora Teyco -pieza número siete; la adjudicación del parking de Filadors -pieza número cinco; la adjudicación a Nordvert del servicio de limpieza y de recogida de la basura -pieza número cinco- y las obras de la piscina municipal -pieza número nueve.

El magistrado Josep Bosch ve indicios de prevaricación, malversación de fondos públicos y soborno en la actuación de Masagué y de los propietarios de la constructora Teyco, que habría pagado 1,5 MEUR en comisiones ilegales al exalcalde –mediante dos sociedades de Masagué- a cambio de adjudicaciones de obras como las del aparcamiento de Filadors.

Por otra parte, el juez también investiga posibles irregularidades en la contratación del servicio de limpieza viaria de Torredembarra y en la empresa Nordvert, adjudicataria del servicio. La resolución también menciona posibles irregularidades en las obras de la piscina, del cementerio y del campo de fútbol municipales, que habrían favorecido las empresas Vicsan y Griñó, de las cuales el exalcalde también podría haber recibido pagos. Además, el juzgado apunta que el exalcalde también podría haber defraudado el IRPF a Hacienda entre los años 2010 y 2013.