El Ayuntamiento de Salou pone en marcha una campaña de inspección de comercios

El Ayuntamiento de Salou realizará inspecciones en los comercios del municipio próximamente. Con colaboración con la Generalitat de Catalunya, inspectores de la Agència Catalana de Consum y también de la Dirección General de Comercio harán las visitas a los establecimientos de la ciudad con el objetivo de revisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.

El objetivo de esta acción, según explica el concejal de Dinamización Económica, Héctor Márquez, es «velar para que el sector económico y comercial de Salou disfrute de buena salud».

Con esta campaña pues, el Ayuntamiento de Salou revisará los diversos establecimientos los cuales tendrán que demostrar que respetan las condiciones que determina el marco normativo del Código de Consumo. Una normativa que, tal como refleja, sirve para «garantizar la protección de los derechos de los consumidores y las condiciones de lealtad y transparencia en el mercado».

El incumplimiento del régimen legal podría constituir, según explica el Ayuntamiento, una infracción administrativa en materia de consumo estipulada a la misma ley. Algunas de las principales obligaciones que tendrán que demostrar cumplir los establecimientos comerciales de Salou, los cuales suman un total de 1.234 segundos los registros del Ayuntamiento, son que las mercancías y los productos de los comercios exhiben su precio de venta, tanto en el escaparate como en el interior de los establecimientos. El precio tiene que indicar el importe total y en los productos a granel o mesurables también se tiene que indicar por unidad de medida (kilo, litro, metro, etc.).

Por otra parte, los comerciantes tienen que entregar una factura, ticket de caja o un justificante de la transacción realizada. En el ticket o factura se tiene que indicar el importe total y se tienen que desglosar los diversos conceptos que incluye, como los impuestos, las comisiones, los gastos adicionales y otros conceptos similares.

Con respecto a los vendedores, estos tienen que responder de la conformidad de los productos durante 2 años a partir de la fecha de la entrega y disponer de hojas oficiales de queja, reclamación y denuncia a disposición de los consumidores.

Además, los consumidores tienen derecho a recibir en catalán la información del establecimiento, como las invitaciones a comprar, la documentación contractual, los contratos de adhesión, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas o los otros documentos comerciales.

Por último, el Código de Consumo también establece que queda prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico.

Márquez declara que «desde el Ayuntamiento, nuestra misión es satisfacer las demandas del consumidor» y que trabajarán «para darle apoyo». El concejal de Dinamización Económica también afirma que colaborarán con la Generalitat «en todas aquellas cuestiones que estén a nuestro alcance a fin de que se cumplan las normas». De esta manera, lo que se pretende con la campaña es crear «un tejido comercial de calidad que transmita confianza».