Se enfrenta a 7,5 años de cárcel por un incendio originado en una calçotada en el Baix Camp

Un hombre se enfrenta a siete años y medio de prisión por no haber apagado bien la hoguera de una calçotada en su finca de les Borges del Camp (Baix Camp), lo cual provocó un incendio forestal que arrasó más de un centenar de hectáreas y obligó a desalojar a más de 200 vecinos. Los hechos se remontan en abril del 2005, pero se juzgarán del 2 al 4 de diciembre en la sección segunda de la Audiencia de Tarragona. El procesado contravino la prohibición de encender fuego en las zonas forestales que había vigente y tampoco solicitó ninguna autorización. La fiscalía pide que el hombre indemnice a la administración con casi 600.000 euros por el coste del operativo de extinción y los daños, perjuicios y pérdidas ambientales ocasionadas.

Según el relato de la fiscalía, hacia las doce y media del mediodía del 10 de abril del 2005 el acusado encendió una hoguera para hacer una calçotada con la familia en una parcela de la zona de los Pedrets. Hacia las cuatro y media de la tarde, el hombre apagó la hoguera sin comprobar que estaba del todo extinguida. El viento, con golpes superiores a los 20 kilómetros por hora, desplazó unas brasas que encendieron las hojas secas de unos pins próximos. Eso reactivó el fuego e hizo que se propagara rápidamente hasta la urbanización de las Pedreras, lo cual obligó al desalojo de 200 vecinos por parte de la Guardia Civil. El fuego no se dio por extinguido hasta al cabo de dos días del inicio, el 12 de abril por la noche.

El incendio afectó a 119,6 hectáreas de los municipios de les Borges del Camp, Maspujols, Alforja y el Aleixar. De esta superficie quemada, 55,5 hectáreas eran de terreno forestal arborizado, 58,41 de terreno forestal no arborizado y 5,59 hectáreas de terreno no forestal. Las tareas de extinción movilizaron a 248 bomberos, a los cuales intervinieron durante 3.417 horas. Los 77 vehículos activados sumaron 1.163 horas y los seis medios aéreos acumularon 60 horas de vuelo.

La fiscalía acusa al hombre de un delito de incendio forestal por imprudencia y le reclama que pague los casi 215.500 euros que costó todo el operativo de extinción. Además, solicita que indemnice a la administración con cerca de 365.000 euros por los daños, perjuicios y pérdidas ocasionadas en materia ambiental. Los propietarios de las fincas afectadas se apartaron del procedimiento una vez la aseguradora los indemnizó por los daños materiales ocasionados.