El juez y la fiscal del 17A intentan cerrar el sumario antes del 31 de enero

A falta de una última diligencia, el juez y la fiscal que instruyen el sumario por los atentados del 17A en Cataluña intentan concluir antes del 31 de enero, fecha en que vence el plazo de los 18 meses de instrucción por causas complejas, e intentan no prorrogarlo con el fin de evitar retrasar el juicio.

Según han informado en Efe fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha culminado prácticamente toda la instrucción y a finales de septiembre, principios de octubre, esperaba tener ya concluido el sumario, pero esta última diligencia pendiente ha trastocado estos planes.

Tanto la Fiscalía como el Juzgado esperan que, en este mes o el próximo, este último fleco quede solucionado para poder cerrar el sumario en plazo sin necesidad de pedir prórroga para la instrucción.

Su intención es evitar retrasos y poder llevar esta causa a juicio cuanto antes mejor, teniendo en cuenta, sobre todo, que los tres acusados en relación a los atentados cumplirán en agosto tres años en prisión preventiva y el límite máximo es de cuatro años.

Una vez concluido, el sumario será elevado a la Sala, que en este momento tiene que trasladar las partes para que soliciten la apertura de juicio oral a los tres únicos procesados: Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, si bien ninguno de ellos lo ha sido como responsable de los 16 muertos y 140 heridos en la masacre, ya que los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalet de Alcanar. A los dos primeros se les atribuye un delito de integración en organización terrorista como miembros de la célula yihadista de Ripoll que perpetró los atentados en La Rambla de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils, mientras que el tercero tiene que responder por un delito de colaboración.

En esta fase, las acusaciones populares podrán volver a pedir en la Sala que modifique el procesamiento, que ha sido apoyado por la Fiscalía.

Estas acusaciones, entre las cuales figura la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo o el sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac, han tratado sin éxito que se les declarara también cooperadores en delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa en entender que se los tuvo que vincular con los atentados porque, aunque no tuvieron una participación directa, conocían los preparativos de la célula para cometer actos terroristas.

Por eso recurrieron el procesamiento, y la Sala de lo Penal, al responder estos recursos, planteó que su reclamación pudiera plantearse en la fase intermedia del procedimiento y ante el tribunal competente para el enjuiciamiento.

Esta circunstancia puede provocar que ahora, en esta nueva fase procedimental, las acusaciones que se opusieron al auto de procesamiento puedan pedir uno de nuevo para poder también acusar como coautores de los atentados a los tres procesados.

Si la sala lo acepta, el sumario sería devuelto al juzgado de Calama para reanudar la instrucción antes de dictar un nuevo procesamiento, pero si lo rechaza, la causa seguiría su curso para el enjuiciamiento de los procesados y, una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral, se trasladaría de nuevo a las partes para que presentaran sus escritos de calificación.

A Driss Oukabir, en nombre de quien se alquiló la furgoneta usada en el atentado de la Rambla de Barcelona, el juez sólo le procesa por integración en organización terrorista, pero a Houli Chemlal, herido en la explosión del chalet de Alcanar (Montsià) donde murió el imán de Ripoll -considerado líder de la célula-, le imputa también depósito de explosivos y tentativa de estragos, eso último por los planes que tenía la célula de atentar contra lugares emblemáticos de Cataluña como la Sagrada Familia.