La AP-7 ya es gratis entre Salou y Alicante

La autopista AP-7 ya es una vía libre de peajes en el tramo entre Salou (Tarragonès) y Alicante, más de cuarenta años después. Las barreras se han levantado en torno a las diez de la noche de este martes, dos horas antes que la concesión en Aumar (filial de Abertis) venza a la medianoche.

Los trabajadores del concesionario se encargarán de desmantelar los peajes en las próximas semanas mientras el Ministerio de Fomento prepara nuevos concursos de licitación para el mantenimiento de la vía y la explotación de las áreas de servicio. Los movimientos vecinales que han luchado por la gratuidad de la vía celebran «el momento histórico» accediendo a la autopista antes de la liberación y saliendo cuando las barreras se han levantado.

Liberado ya de peajes el tramo de la AP-7 entre Salou y Alicante, el gobierno español tendrá que definir al modelo de gestión de las vías de altas prestaciones que empiezan a levantar barreras. Mientras la Generalitat apuesta desde hace meses por un modelo de euroviñeta, una tarifa plana para utilizar autopistas y autovías, el estado español no ha hecho una propuesta clara y, en cambio, el mantenimiento de estas vías, vencida la concesión, se tendrá que volver a licitar, como apuntan fuentes gubernamentales.

La Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona (FEAT) recuerda que el Estado recauda cada año 13.000 millones de euros mediante el impuesto en los hidrocarburos, una financiación que tendría que servir para mantener toda la red y hacer las obras de mejora necesarias para garantizar la fluidez y la seguridad.

La plataforma vecinal 'Basta! AP-7 Gratuita ya', como otros movimientos de la Comunidad Valenciana, han celebrado la liberación de la vía, con acciones durante el levantamiento de barreras que han compartido en las redes sociales. Sus reivindicaciones, como recordaron cuándo hicieron el último corte en la N-340, no se acaban con este hito.

Abertis ha construido un nuevo peaje troncal en Vila-seca en el punto donde empieza su concesión, mientras que el 31 de agosto del 2021 quedará liberado el resto de la AP-7, la C-32, en el Maresme, y la C-33, a la altura de Mollet del Vallès, vías que son titularidad de la Generalitat.

Insisten que el tramo de la AP-7 que se acaba de liberar necesita un tercer carril para absorber el incremento de tráfico que implicará la gratuidad. Estos mismos recelos los comparten las federaciones de transportistas. Advierten que un incremento del tráfico a la AP-7 puede comportar un riesgo de saturación, dado que este es un tramo con dos carriles por sentido –y no tres como hay de Tarragona hacia el norte.

Como reconocía el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, la previsión es un aumento del 30% del tráfico, entre Salou y Alicante, el que supondría hasta 13.000 vehículos diarios más en temporada alta, los meses de verano, y cerca de 7.000 el resto del año, aproximadamente. Ábalos aseguraba que es un volumen «absorbible».

En cambio, la plataforma augura que la autopista repetirá situaciones las denunciadas a l'N-340 y o el actual C-12. Otras peticiones que hace el movimiento vecinal para la AP-7 son nuevos accesos a la comarca del Montsià, áreas de descanso de vehículos y servicios que permitan que la autopista «desintoxique de siniestralidad las otras vías».

Mientras tanto, Abertis y los sindicatos UGT y CCOO han interpuesto recursos por los contratos de conservación y explotación del tramo liberado de la AP-7 a raíz de un desacuerdo en la subrogación de los trabajadores. Eso ha obligado al Ministerio de Fomento a optar por un contrato de emergencia –adjudicado a Sacyr- hasta que no se resuelvan los recursos, más allá del 1 de enero.

La finalización de la concesión del tramo de la AP-7 entre Alicante y Salou también se ha traducido en un ERE en Aumar, que también ve cómo expira el tramo del AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Los sindicatos UGT y USO pactaron 136 bajas de trabajadores, que han recibido una indemnización por despido improcedente.

La finalización de las concesiones de las autopistas hasta el 2021, hacen peligrar más de un millar de puestos de trabajo directos en Cataluña.