Puig dice que no entraba en «cuestiones operativas» y que sólo gestionaba los «recursos»

El exsecretario general de Interior, Cèsar Puig, asegura que no tenía «nada que aportar en cuestiones operativas o estratégicas» en relación al referéndum y que sólo se encargaba de gestionar «los recursos» para cumplir con las órdenes judiciales. A preguntas del fiscal Pedro Rubira, el vallense ha dicho que las únicas reuniones que mantuvo con el mayor Josep Lluís Trapero eran para hablar, precisamente, de recursos y de cómo cumplir los mandatos de la fiscalía y del TSJC. «Más vehículos, un helicóptero... Me peticionaban cuestiones concretas para cumplir las necesidades del 1-O», ha dicho Puig. El excargo del Departamento también se ha referido la reunión con el exsecretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, donde –tal como declaró Trapero- la Conselleria d'Hisenda pretendía obtener datos fiscales y de empresas a través de los Mossos.

Puig ha dicho que no conocía el contenido de la reunión antes de que se produjera y que, posteriormente, pidió disculpas al mayor porque «no tenía ningún sentido plantear competencias futuras, aunque había sido una vieja reivindicación, con las personas que había allí».

A preguntas del fiscal, el exsecretario general de Interior se ha desvinculado de las decisiones «estratégicas» en relación al 1-O y ha asegurado que él no entraba ni en este tipo de cuestiones ni en las «operativas». Puig ha dicho que no contestó a los correos que le enviaba el mayor Trapero porque «no tenía nada que aportar».

Con respecto a los recursos presupuestarios, Puig ha dicho que le constaba que había «mucha preocupación» por tener los medios materiales necesarios para cumplir con los mandatos judicial. «Veníamos de los atentados que nos habían costado mucho y había cierta dificultad para conseguir recursos», ha dicho. En este sentido, ha dicho que las únicas reuniones mantenidas con el mayor de los Mossos eran para hablar, precisamente, de «recursos» y de «cómo cumplir las instrucciones de la magistrada».

«Preocupación» por el presupuesto

Puig ha detallado, a preguntas de su abogado Fermín Morales, que los días previos al referéndum los principales problemas que se le hicieron llegar tenían, de hecho, relación con «poder satisfacer las vacaciones» o tener presupuesto para las horas extra, que ha cifrado con un coste de entre 4 y 5 millones de euros (MEUR).

También ha dicho que se había tenido que hacer una contratación de urgencia de entre 60 y 70 vehículos y que, además, la noche del 29 de septiembre, el comisario Emili Quevedo lo llamó porque necesitaban un helicóptero para el día 1. «Se hizo todo lo posible para que pudieran disponer del material que solicitaban para cumplir con el mandato judicial», ha remarcado.

Por otra parte, a preguntas del fiscal, también ha hablado de la reunión mantenida con Salvadó, donde según declaró Trapero, se habló sobre futuras competencias de la Generalitat y la Consejería de Economia pretendía obtener datos fiscales y de empresas a través de los Mossos. Puig ha dicho que no tenía conocimiento previo del contenido del encuentro y que, posteriormente, pidió «disculpas» al mayor –que no asistió- porque consideraba que no era un asunto que tuvieran que abordar las personas que había presentes, «aunque era una vieja reivindicación».

Sólo contestaba los correos sobre sus «competencias»

Puig ha explicado que él abría todos los correos electrónicos que recibía, pero sólo contestaba aquellos que trataban competencias suyas. Así, ha dicho que mensajes sobre las Escoles Obertes el fin de semana del 1-O, las instrucciones de la fiscalía o las pautas de actuación de los Mossos el día del referéndum no los respondió. En cambio, el plan Àgora de los Mossos sí que lo trató, porque afectaba cuestiones presupuestarias que tenía que hablar con el comisario de Planificación, Emili Quevedo, y el secretario general de Economía, Josep Maria Jové.

De hecho, con Jové ha admitido que tuvo una relación «intensa» desde el 2016, ya que el Departamento de Interior estaba en una situación económica «precaria» y la amenaza terrorista requería aprobar fondos de contingencia para aprobar más horas extras de patrullaje y la compra de armas largas. En todo caso, ha asegurado que su relación con Jové «no tiene nada que ver con el referéndum».

El cacheo de Unipost

Así, ha explicado que el 19 de septiembre a media mañana le envió un correo explicándole la actuación de los Mossos en apoyo de la Guardia Civil en el cacheo de la empresa Unipost. En ningún caso, ha explicado, lo informó de la actuación de la Guardia Civil. De hecho, ha explicado que el exvicepresidente Oriol Junqueras se había quejado anteriormente de que conocía las operaciones de los Mossos por la prensa, y el conseller Jordi Jané decidió que la secretaría general de Interior informaría a la de Economía cuando las operaciones policiales ya estuvieran en marcha, nunca antes.

Sobre la posible querella contra la fiscalía, opinó que era cuestión del Departamento de Justícia pero que en aquel momento no era «oportuna».

La figura de Pérez de los Cobos

También ha explicado que en la reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, él mismo y Trapero, basándose en un informe jurídico del departamento, cuestionaron que Diego Pérez de los Cobos coordinara y dirigiera los tres cuerpos policiales, pero en ningún momento, ha dicho, pusieron en duda que los Mossos acatarían la decisión de la fiscalía y del TSJC.

El juicio se reanudará el lunes con la declaración como testigo del coronel de la Guardia Civil y coordinador del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, y el miércoles lo hará el comisario Ferran López.