A juicio un pedófilo acusado de grabar amigas de su hija en el lavabo de casa, en Valls

La fiscalía pide 36 años y 9 meses de prisión para un individuo acusado grabar a las amigas menores de su hija mediante una cámara oculta instalada en el lavabo. Según relata el ministerio público, el hombre montó una fiesta de Halloween en el piso de Valls donde vivía la niña con el fin de obtener las imágenes de las menores mientras hacían sus necesidades y se cambiaban. Por estos hechos, la fiscalía lo acusa de cinco delitos de producción de pornografía infantil con utilización de menores de 13 años y de dos delitos de revelación de secretos. Además, también lo acusa de un delito de posesión de pornografía infantil, dado que guardaba miles de imágenes de contenido sexual de menores en varios dispositivos electrónicos.

El procesado es A.J.P., un hombre uruguayo en situación irregular en el Estado, que estuvo encarcelado por estos hechos durante un mes, el verano de 2016. El individuo mantuvo hasta el 2004 una relación de pareja con una mujer con quien tuvo una hija en común, nacida el año 2002. Según detalla el escrito de acusación, entre agosto del 2013 y en marzo del 2015 los periodos de visitas y convivencia del acusado con la hija se hacían en el piso donde vivía la mujer, en Valls.

En marzo de 2015 la mujer tuvo que dejar el piso por impago del alquiler. En aquella época el acusado se encontraba en el país natal con motivo de una celebración familiar, con lo cual la mujer se encargó de recoger las pertenencias que el hombre tenía en el inmueble, entre los cuales había un portátil y un ordenador de sobremesa. Cuando la mujer los arrancó, encontró imágenes de contenido sexual de menores e imágenes pornográficas infantiles, entre las cuales reconoció amigas de su hija. La mujer puso el caso en manos de la policía.

En el disco duro del ordenador de sobremesa se encontraron 291 imágenes con las partes íntimas de menores de edad y mujeres adultas en el interior del lavabo o en un domicilio, todas ellas secuencias de imagen de la misma escena. Algunas estaban captadas en 2013 y otras el 31 de octubre del 2014. Según la fiscalía, el hombre instaló un sistema de grabación en el lavabo y montó una fiesta de Halloween en casa de su hija, para la niña y varias amigas suyas, con la finalidad de captar imágenes íntimas de las menores. Las imágenes intervenidas muestran a cinco niñas de seis, doce y dieciséis años, así como la expareja del hombre, mientras hacían sus necesidades y se cambiaban.

En este mismo disco duro también se encontraron 58 vídeos grabados en un lavabo donde aparecían personas duchándose e imágenes de zonas íntimas, entre las cuales estavan las de su hija y de las amigas de esta, desnudadas en el lavabo.

Además, la policía encontró más de 2.800 archivos de dibujos y cómics de personajes caracterizados de menores de edad en un contexto pornográfico, sexual y erótico. También se localizaron varias fotografías y vídeos eróticos de menores que el hombre había descargado de Internet mediante un programa de intercambio de archivos.

A raíz de estas pruebas, el 28 de julio del 2016 el juzgado acordó la entrada y registro en el domicilio del procesado, situado en Ripollet (Vallès Occidental). Allí se intervinieron una tablet, tres USB, un teléfono, un disco duro interno y un ordenador portátil. En estos dispositivos se encontraron 6.600 fotografías en las cuales aparecían menores y adolescentes de edades indeterminadas fotografiados en actitudes eróticas, con poca ropa o mostrando los genitales, entre otros. También se pudo comprobar que el hombre a menudo hacía buscas a la red de terminología relacionada con contenido pedófilo.

La fiscalía pide para el hombre 36 años y 9 meses de prisión por cinco delitos de producción de pornografía infantil con utilización de menores de 13 años; dos delitos de revelación de secretos, y un delito de posesión de pornografía infantil. En este punto, el ministerio público pide que cuando haya cumplido la mitad de la pena, o acceda al tercer grado o a la libertad condicional, sea expulsado del país y no pueda volver durante 10 años.

El ministerio fiscal también pide 42 años de libertad vigilada, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 5 años, 13.680 euros de multa y 31.000 euros de indemnización a repartir entre las víctimas, en concepto de responsabilidad civil. El caso llegará a juicio en los próximos meses en la Audiencia de Tarragona.