La Fiscalía de Tarragona ordena investigar la residencia Nostrallar dels Pallaresos

Según la denuncia presentada en fiscalía, había familiares alarmados por la falta de noticias y la opacidad del centro a la hora de informar del estado de salud de los residentes. También se apunta a la falta de material de limpieza, como jabón y desinfectante, y a una información recibida según la cual la residencia había «declinado» la ayuda de la UME por motivaciones políticas.

El jueves pasado el Ayuntamiento de los Pallaresos (Tarragonès) requirió la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la residencia de personas mayores Nostrallar ante la situación «crítica» en el centro. Según informaba entonces, la decisión se tomó por la «información sesgada facilitada por la residencia, las preocupaciones recibidas por parte de los familiares de los residentes y trabajadores del centro, la falta de mediados del mismo ayuntamiento y el aumento exponencial de casos confirmados de coronavirus».

El lunes, una brigada del ejército del suelo acudió al municipio a hacer tareas de desinfección en instalaciones municipales y calles del municipio. El Ayuntamiento también propuso su intervención en la residencia Nostrallar pero, según el consistorio, sólo pudieron desinfectar los espacios exteriores porque «la junta directiva decidió retirar la petición de ayuda».

La residencia asegura que «nunca se ha escondido nada»

En un comunicado hecho público el martes a raíz de las «informaciones falsas e inexactitudes», la residencia niega que impidiera el paso a los militares y señala que el ejército desinfectó los jardines internos y espacios comunes. «Nostrallar nunca pondría en peligro la salud de sus residentes por ningún motivo y menos ideológico. Menos todavía, su vida. Para nosotros los residentes son como nuestra familia y son nuestra absoluta prioridad», asegura la nota. Además, según Nostrallar, una empresa contratada por la misma residencia desinfectó las instalaciones hace unos días y la acción se repitió el lunes por la noche.

En declaraciones en el ACN, el director de la residencia, Moisès Sumoy, insiste en que cuando se les ofreció la posibilidad de que actuara la UME no vieron «ningún problema», pero apuntaron que ya tenían una planificación con esta empresa externa. En ningún momento hemos eludido la generosidad de todo el mundo que nos ayuda y estamos agradecidos. A todo el mundo le damos las gracias y al ejército español también», afirma Sumoy.

El director del centro admite que la comunicación con los familiares ha sido «un poco deficitaria» y que han contratado personal para reforzarla. «Priorizamos la atención de los abuelos a poder hablar con las familias. Lo habríamos podido hacer mejor, pero dada la situación de estrés y volumen de trabajo, algunos aspectos han quedado en segundo plano», asegura.

Además, Sumoy expone que desde el inicio del brote la situación en el centro «se ha complicado mucho» y se los ha estado pidiendo que hagan «un trabajo casi hospitalaria». «Por descontado ni los profesionales estaban lo bastante preparados para atender personas afectadas de la covid-19 ni nos lo esperábamos», reconoce. Desde el primer momento, explica, hicieron los aislamientos «enseguida». El CAP de Sant Salvador, además, los está «dirigiendo» y siguen las actuaciones que les va marcando. «Se trabaja al 200%», destaca.

Según la dirección, los problemas de personal también se están resolviendo y se han hecho contrataciones para suplir las bajas de los trabajadores de baja. Poco a poco, dice, también se irán reincorporando los trabajadores que acaban el periodo de confinamiento obligatorio. Sumoy, que también está confinado en casa por|para el coronavirus, ha lamentado las informaciones falsas e inexactas que se están difundiendo sobre el centro.

Única investigación en curso en Tarragona

A raíz de la denuncia del Ayuntamiento, la Fiscalía de Tarragona ha incoado las diligencias de investigación 28/2020, pero de momento no ha recibido más denuncias sobre residencias de la demarcación. Fuentes del ministerio fiscal han explicado al ACN que se está siguiendo con atención la situación en los centros residenciales del territorio y que, si bien no se descarta que en algún caso concreto se puedan exigir responsabilidades penales, consideran que no se tiene que generalizar.