El coronavirus también deja sin fecha el juicio del caso Torredembarra

Los hechos que se llevarán a juicio se remontan a los años 2011 y 2012. Entre los encausados hay el entonces alcalde, Daniel Masagué; los concejales José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), Francisca Felguera (UDC) y Pere Font (CiU); la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz.

Además, también están encausados en la pieza separada número 1 el abogado Xavier Xifrà, y los empresarios locales Vicente Sánchez y Rafael Jiménez. En noviembre del 2014 juez desvinculó de esta pieza la concejala Èlia Rodríguez (UDC) y los empresarios Jordi Sumarroca -vinculado a la empresa Teyco- y Blas Niubó. Además, el exconcejal Ignasi Duran (GIT) y la interventora municipal, Esther Agulló, que también estaban incluidos en la causa, murieron hace dos años.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los implicados impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales en el municipio, aunque eran sabedores que «eran contrarios a la ley» y que suponían una «pérdida de dinero del Ayuntamiento».

Uno de los locales está ubicado en la calle Riera de Gaià y actualmente ocupa la comisaría de la policía local, aunque inicialmente estaba pensado para que fuera un almacén ya sea de archivo definitivo de documentación como de maquinaria o de vehículos de los diferentes servicios municipales. El otro está ubicado en las calles Priorat y Garraf, en la zona de Clarà, y estaba pensado por «ensayos de grupos municipales, de los Chicos de la Torre -el grupo casteller- y de otras asociaciones culturales». Sin embargo, el local se ha mantenido cerrado y sin uso.

El ministerio público subraya que, en ambos casos, «los acusados actuaron siendo conscientes de que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia para alquilarlos y que existían obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes».

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por|para un delito continuado de malversación de fondos públicos y a nuevo de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. La concejala Francisca Felguera, a tres años de prisión y ocho de inhabilitación; los concejales José Oviedo, Pere Font y Santiago Ardèvol, y la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, a cuatro años de prisión cada uno por malversación continuada y a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público porun delito continuado de prevaricación.

El exconcejal Juan Pérez, el ingeniero Vicenç Ruiz y los empresarios Rafael Jiménez y Vicente Sánchez se enfrentan a dos años de prisión porun delito continuado de malversación y a cuatro de años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. El abogado Xavier Xifrà, a tres años y medio de prisión por malversación y, el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, a cinco años de inhabilitación por prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa a la nulidad de los dos contratos de arrendamiento y que los encausados devuelvan al consistorio las cantidades abonadas por los locales -222.759 euros por el local de la calle Priorat y 107.708 euros por el local de la calle Riera de Gaià.

Este año se han juzgado dos piezas del caso

El mes pasado Masagué aceptó una pena de multa porla aportación de más de 40.000 euros que la empresa constructora Transcornejo hizo para su campaña electoral del 2011. Las partes llegaron a un acuerdo de conformidad y evitaron el juicio con jurado popular. En concreto, la Audiencia condenó Masagué y el administrador de la empresa porun delito de soborno -con el atenuante de confesión- a 1 año de prisión -que se sustituyó por 3.650 euros de multa- y a otros 900 euros de multa. Los hechos correspondían en la pieza separada número 8.

A mediados de enero también quedó visto para sentencia en el juzgado de lo penal 2 de Tarragona otro juicio contra Masagué, el de la pieza separada número 4, sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la adjudicación de los chiringuitos de la playa del municipio a Gerard Montserrat, militando de su partido (CDC). La fiscalía pidió para el exalcalde dos años de prisión porlos supuestos delitos de prevaricación y fraude.