Judicial
Condenan al exalcalde de la Bisbal del Penedès a cuatro años de inhabilitación por prevaricación
El juez dice que Josep Maria Puigibet ocultó a la oposición las actas de las Juntas de Gobierno «de manera consciente y voluntaria»
Condenan al exalcalde de la Bisbal del Penedès a cuatro años de inhabilitación por prevaricación
Al mismo tiempo, recuerda que, en paralelo a este decreto, la Secretaría del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès emitió un informe donde recordaba a lo entonces alcalde que existe la obligación de remitir las actas de las Juntas de Gobierno a todo los miembros de la Corporación, sean o no al ejecutivo local. Por este motivo, el juez determina que Puigibet actuó «de manera consciente y voluntaria».
La sentencia recuerda que, durante el juicio de ahora hace un año, el exalcalde de la Bisbal reconoció haber dictado el decreto del 2011 porque el consistorio sufría una «tremenda carga administrativa» por falta de personal, en una situación que él definió como «caos» durante su declaración. Unas explicaciones que el juez rebate a la sentencia, considerando que son «excusas que no tienen razón de ser ni justifican la conducta del acusado».
Según el magistrado, las explicaciones sobre la carga administrativa «no resultan creíbles» por tres motivos. Por una parte, porque la retención de las actas solicitadas no es tan sólo del verano del 2011, sino que se acumulaba desde el 2007 y se alargó hasta el 2012, cuando CiU se querelló contra Puigibet.
En segundo lugar, el juez destaca que dos años antes del decreto del 2011, el exalcalde ya fue amonestado por el Síndicde Greuges sobre la retención de las actas. Finalmente, el magistrado también señala que hubo varios testimonios que negaron que el consistorio tuviera tanta carga administrativa, y el juez concluye que hacer llegar las copias de las actas a los concejales supone uno «trabajo escasísimo».
La condena de más de cuatro años de inhabilitación por prevaricación se ajusta a la petición hecha por la Fiscalía durante el juicio, y queda lejos de los diez años en que pedía la acusación particular, ejercida por los concejales del grupo de CiU del mandato 2007-2011. Al mismo tiempo, la sentencia, que no es firme y se puede recurrir, absuelve a Puigibet de un delito contra los derechos individuales.