Movilidad
Salou, Vila-seca y Cambrils unifican la ordenanza del uso del patinete eléctrico
El consistorio cambrilense hace balance positivo del primer año de mandato con el nuevo pacto de gobierno
Salou, Vila-seca y Cambrils han consensuado una ordenanza para el uso del patinete eléctrico. Las tres poblaciones costeras se han puesto de acuerdo al unificar criterios y sacar adelante el reglamento que regulará la circulación de vehículos de movilidad personal y bicicletas con pedal asistido. Hay buena sintonía, según han confirmado al ACN los tres ayuntamientos implicados. La proximidad entre estos tres municipios de la Costa Daurada permite una movilidad lineal. A estas alturas las áreas jurídicas lo acaban de trabajar. Así lo ha adelantado el Ayuntamiento de Cambrils, en el balance de acción del primer año de mandato del nuevo gobierno, presentado este lunes. Los tres partidos, ERC, Junts per Cambrils y el NMC, hacen una lectura muy positiva del pacto.
Los tres partidos que conforman el gobiernocambrilense, con Camí Mendoza de alcaldesa, han repasado las acciones llevadas a cabo durante este primer año de mandato, que han calificado de «complicado» por las situaciones «sobrevenidas» -dos emergencias climáticas y la crisis sanitaria. Entre el listado de acciones, destacan los trabajos en tres de las rieras que desembocan en Cambrils.
El municipio costero presume de tener sus playas en óptimo estado -ondea la bandera azul en las cuatro playas. Cambrils, que también ya prepara su propia campaña promocional -como ya han hecho otras poblaciones como Altafulla o Salou-, invertirá en sus atractivos para captar turismo durante este verano. Se trabaja en la proyección de una marca única del comercio de Cambrils.
Durante el confinamiento, se han seguido gestionando licencias en el tejido hotelero -el proyecto de la Llosa, el Pòsit, la ampliación del MasGallau, etc.- e instalaciones de ocio. «Hemos trabajado para que en julio y agosto se pueda vivir con cierta plenitud», dice el regidor de Promoción Económica, OliverKlein. El consistorio insiste que el Estado tiene que dejar utilizar los superávits municipales para gestionar la crisis sanitaria.