La oposición de Salou pide que se anule la adjudicación del contrato de aforo de control de playas

Todos los grupos municipales que conforman la oposición en Salou, ERC, Cs y PP, han manifestado su desacuerdo con la adjudicación del contrato de aforo de control de playas que se materializó el día 4 de junio por la Junta de Gobierno Local.

Hay que recordar que, como a consecuencia de las medidas a adoptar por la Covid-19, en las playas de Salou se tiene previsto instalar más de una veintena de sensores para regular el aforo en tiempo real, y poder controlar que no existen aglomeraciones. Una medida con la cual están totalmente de acuerdo todos los partidos de la oposición de Salou, que consideran que «se ha hecho un buen trabajo por parte de los técnicos del Ayuntamiento a la hora de buscar una solución que esté a la altura del modelo de smart city que queremos».

El problema, según explican los portavoces de los respectivos grupos municipales de la oposición, Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) y Mario García (PP), radica en el hecho de que «el alcalde presentó el proyecto conjuntamente con un responsable de la empresa que resultó contratada antes de que se iniciara el expediente de contratación, y con una antelación de 5 días a la fecha en qué se adjudicó el contrato».

«Concretamente la presentación a los medios de comunicación fue el día 29 de mayo, mientras que el expediente se inició el día 1 de junio y se acabó contratando el 4 de junio por acuerdo de la Junta de Gobierno».

Por este motivo, han pedido al gobierno municipal «que declare la nulidad de este contrato, ya que no es normal que se presente el proyecto por parte de una empresa antes que se inicie el expediente de contratación, un expediente al cual se presentaron 3 empresas». Para la oposición, «lo sucedido es una consecuencia más del afán de protagonismo político del alcalde».

Los líderes de ERC, Cs y PP en Salou afirman que «este contrato ha costado a todos el salouenses más de 150.000 euros de sus bolsillos, y cuando hablamos de dinero público, las administraciones tienen que ser muy cuidadosas en la contratación pública, siguiendo escrupulosamente los procedimientos y reglamentos legales, para evitar cualquier tipo de suspicacia, y es evidente que en esta licitación existen muchos factores que evidencian posibles irregularidades en su adjudicación, o como mínimo comportamientos poco éticos».

«Queremos que, una vez sea declarada la nulidad de este expediente, se vuelva a iniciar. Si el equipo de gobierno no lo hace, nos veremos obligados a pedir que se depuren todas las responsabilidades políticas que puedan exisitir, y solicitaremos que se cree una comisión de investigación a efectos de analizar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, ya que los salouenses se merecen la máxima transparencia por parte de su administración, cuando esta está gastando su dinero», han finalizado los portavoces de la oposición.