Medio Ambiente
La Ribera d'Ebre pide revisar el actual decreto de emergencia climática para dar «voz y voto» a los municipios
El Consell aprueba una moción que exige un reparto equilibrado de las centrales energéticas y cánones por los trámites
Tanto la Ribera d'Ebre como la vecina comarca de la Terra Alta, apuestan por un modelo de desarrollo económico basado en la preservación y mejora del patrimonio cultural, paisajístico, medioambiental, agroalimentario e industrial, para que sea «la base y refuerce un sector turístico que diversifique la economía». También como la Terra Alta, la Ribera d'Ebre subraya la suya «más que solidaria aportación de recursos como energía o agua o de albergar otros como residuos urbanos e industriales». La moción aprobada por el ente comarcal rechaza la masificación de parques eólicos y solares que se están planificando sobre el territorio y defensa «una transición hacia las energías renovables» que no represente que «la práctica totalidad de las instalaciones eólicas previstas se proyecten en la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà o la Segarra».
El Consell Comarcal recuerda que desde la aprobación del decreto ley de emergencia climática que derogaba de los ZDP (Zonas de Desarrollo Prioritario), con el objetivo y la promesa de sacar presión sobre las comarcas ebrenses, se han propuesto a la Ribera d'Ebre 24 plantas de producción de energía renovables con un impacto directo o indirecto por las vías de evacuación. En Tivissa, se concentran hasta 12 proyectos de energía eólica, con 116 aerogeneradores (dos de estos proyectos superan los 50 megavatios de potencia y se están tramitando en el Govern español).
La Ribera d'Ebre sola pasaría a producir 625 megavatios de potencia pero también se verá perjudicada por los proyectos que recaen en la Terra Alta. Un ejemplo que detalla el texto es el impacto sobre el conjunto arquitectónico de Miravet que tendrían las centrales de los Murtes y Empedrats del Pinell de Brai (Terra Alta).
La moción critica que el nuevo decreto energético de la Generalitat (16/2019, del 26 de noviembre) ha vuelto a poner el foco de las promotoras en comarcas como la Ribera d'Ebre yla Terra Alta porque «no contempla ningún criterio de preservación del paisaje, de densidad en la producción de energía, de reequilibrio territorial en el país, y en ningún caso, mujer voz en los municipios afectados a la hora de tomar decisiones».
Hay empresas de energía solar negociando con propietarios de fincas quemadas por el incendio de hace un año pero el Consell alerta de que «la mancha crece hacia tierras productivas y fértiles». «Eso demuestra que alguna cosa no funciona en nuestra producción agraria cuando es más rentable alquilar las fincas para producir energía que para producir productos agroalimentarios», lamenta la moción.
La propuesta de que hace el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es que la producción de energía se promueva desde el territorio para que «deje un impacto positivo» sobre él y se evite «la especulación y el mercadeo de derechos». Las peticiones en el Govern son concretas: una revisión de la actual regulación de implantación de energías renovables, «para dar voz y voto en los municipios afectados» por los proyectos, y una legislación que «racionalice y equilibre la implantación de centrales por todo el territorio».
Los ayuntamientos exigen «una tarifa, canon o la prestación de carácter público que estime» para la tramitación de cada proyecto presentado que ayude a los ayuntamientos afectados a hacer frente a los gastos extraordinarios generados, así como otro impuesto que revierta sobre los municipios que alberguen las centrales y las instalaciones de transición energética.
En definitiva, la moción reclama un modelo «descentralizado de producción de energía» priorizando «las instalaciones de autoconsumo y/o de participación del territorio», con criterios económicos y legislativos «que cambien el actual paradigma en la producción y transporte de la energía eléctrica». El texto ha sido aprobado con los votos a favor de ERC, Junts y Agrupació d'Electorsy la abstención del PSC y la FIC.