La Generalitat confía en que el informe independiente sobre la explosión en IQOXE esté terminado a finales de mes

Los que no se han detenido son los vecinos. «En Bonavista todavía estamos asustados», reconoce Loli Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista. La líder vecinal lamenta que a pesar de las buenas palabras de las administraciones «todavía no hay seguridad en el barrio», pero tampoco para los trabajadores. «Estamos muy enfadados», exclama. También lo están con IQOXE, no sólo por la falta de seguridad sino porque afirman que «todavía hay quince vecinos afectados por la explosión que no han cobrado». En cambio, según la empresa todos los damnificados «que han aportado documentación» han sido compensados; siempre y cuando «los expertos» hayan establecido que hay «una relación de causa-efecto entre la explosión y el daño», aseguró hace unos días al portavoz de IQOXE, Javier Fontcuberta.

Con todo, desde la Asociación de Vecinos de Bonavista adelantan que «pronto» convocarán nuevas manifestaciones. «Hasta que no tengamos seguridad, no pararemos», advierte Gutiérrez, que considera que los políticos han puesto como «excusa» la covid-19 para parar los cambios.

Conclusiones y tiempo

Desde el Gobierno se advierte que los cambios normativos tardarán al llegar. El primero que tendría que hacerlo es el retorno del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat) enTarragona, con el nombre de Plaseqta. La propuesta se presentó a finales de febrero y se comentó que se abría un periodo «de adaptación» de seis meses, que acaba de aquí unas semanas.

También se puso encima de la mesa un cambio en la ley de seguridad industrial catalana y pidió en la Unión Europea una actualización de la normativa comunitaria que regula la actividad de las empresas químicas, conocida como Seveso. Fuentes del departamento de Empresa y Conocimiento explican que para sacar todo eso adelante primero hay que conocer las causas de la explosión, para concretar qué aspectos de la norma se tienen que modificar para hacer las instalaciones más seguras. En este sentido, las investigaciones de DNV GL y de los Mossos d'Esquadra tienen que tener un papel importante, así como también lo que dictamine la jueza que lleva el caso.

Una vez se tenga claro qué pasó, se analizará cuál es el mecanismo más idóneo para mejorar la regulación. Sin embargo, desde el Departamento advierten que para hacer un nuevo decreto se acostumbra a tardar unos ocho meses. Y si hay que hacer una nueva ley, los trámites se pueden alargar entre un año y medio y dos años.

De momento, pocos cambios

La sensación de que el siniestro no ha causado ninguna revolución en torno al polígono petroquímico de Tarragona no la tienen sólo los vecinos. Los principales sindicatos del complejo, CCOO y UGT, la comparten. «En estos seis meses ha cambiado poca cosa. IQOXE continúa con el mismo talante», lamenta José Martín, secretario general de CCOO Industria en Tarragona. Los representantes de los trabajadores han puesto de manifiesto en varias ocasiones los problemas de seguridad laboral de la compañía, hasta el punto que, en los últimos meses han puesto seis denuncias más.

«La primera denuncia que presentamos fue el día que estábamos enterrando a una de las víctimas. Algunos compañeros fueron al entierro y una hora después tenían que estar en la empresa porque se tenían que empezar a hacer trabajos de desescombro sin hacer las actividades preventivas. Tuvimos que venir a detenerlo y poner una denuncia», narra Martín. Entre los otros motivos de denuncia hay «temas de amianto, persecución sindical» y falta de medidas sanitarias por la covid-19, entre otros.

Por su parte, Àngel Clua, secretario general de UGT en Tarragona, considera que a raíz del siniestro «hay más presencia de inspección de trabajo» en el polígono petroquímico. Sin embargo, sostiene que los últimos accidentes mortales en el complejo -el último hace menos de dos semanas- indican que «no se puede continuar así». «Si hay un accidente es que ha habido algún error», defiende.

Clua carga contra el departamento de Interior por la gestión que está haciendo del nuevo Plaseqta. «Lo han presentado y a los sindicatos no nos han preguntado nada. Nos dicen que podemos hacer aportaciones, pero lo que queremos es hacer alegaciones. Conocemos perfectamente las empresas por dentro, pero no nos hacen caso», enfatiza. En su opinión, aunque a priori el plan de emergencias vuelva a Tarragona, «el control lo seguirán teniendo en Barcelona».

Finalmente, Martín duda de que se actuara diferente si hoy hubiera otro siniestro similar al complejo petroquímico. «Me gustaría tener otra sensación, pero las administraciones parece que hacen cosas de cara a la galería pero que son poco efectivas», afirma resignado.