La AVT pide prisión permanente para 2 de los 3 acusados por los atentados del 17A

La AVT ha pedido prisión permanente revisable para dos de los tres acusados en relación con los atentados del 17.ª en Barcelona y Cambrils, al considerarlos coautores de los 15 asesinatos perpetrados en esta masacre, a pesar de no haber sido procesados por estos delitos, por los cuales tampoco los acusa la Fiscalía.

Es la primera vez que una acusación, como la que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo en esta causa, solicita la imposición por delitos de terrorismo de la pena de prisión permanente desde su introducción en el Código Penal.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la AVT pide esta pena para dos de los tres únicos acusados en relación con los atentados, al haber muerto la mayor parte de los integrantes de la célula en la explosión del chalet de Alcanar (Montsià) en el que fabricaban explosivos o abatidos por los Mossos d'Esquadra.

Se trata de Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en Alcanar, y Driss Oukabir, hermano de uno de los terroristas muertos y al nombre del que se alquiló la furgoneta utilizada en la Rambla, que conducía Younes Abouyaaqoub, abatido por los Mossos.

Ninguno de los acusados ha sido procesado como responsable de los 15 muertos y 150 heridos en la masacre, ya que los presuntos autores materiales murieron, y, después de recurrir la AVT y otras acusaciones, la Audiencia Nacional rechazó ampliar por los delitos de asesinato con el visto bueno de la Fiscalía.

No obstante, la Audiencia dejó la puerta abierta a poder acusar por estos delitos a pesar de no estar procesados por ellos y ahora la AVT confirma que acusará por eso en su escrito dirigido a la sección tercera penal, que tiene que señalar todavía la fecha del juicio.

Así, mientras que la Fiscalía pide para estos dos acusados 36 y 41 años de prisión por delitos de integración en organización terrorista, tenencia de armas y explosivos, y tentativa de estragos por los planes de la célula de atentar contra la Sagrada Familia, la AVT los pide prisión permanente por los 15 asesinatos.

A esta pena le suma 2.116 años de prisión por los 150 asesinatos en grado de tentativa, 12 años de prisión por integración, 20 años por estragos terroristas, 15 por depósito de explosivos y 510 años por los 34 delitos de lesiones en relación a las personas a las que afectó la segunda explosión en Alcanar durante las tareas de desescombro, fundamentalmente a mossos y bomberos.

Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, la AVT mantiene la misma acusación que la Fiscalía y lo considera responsable de un delito de colaboración con organización terrorista por el que reclama una condena de 10 años de prisión, aunque le añade también un delito de depósito de explosivos por el que pide además 15 años de prisión.

Al igual que la fiscal del caso, la AVT cree que los dos principales acusados integraban la célula de Ripoll que se formó a partir del 2015 entorno a la figura del imán de esta localidad Abdelbaky És Satty, muerto en Alcanar.

En cambio, en contra de lo que opina la Fiscalía, la AVT los cree responsables de los atentados porque los dos aceptaron al lado del resto de los miembros de la célula la propuesta que les hizo És Satty «entre finales de 2016 e inicios de 2017» de cometer «varios atentados de grandes dimensiones» en Cataluña.

«Para la realización de los atentados decidieron confeccionar material explosivo», siguiendo las instrucciones obtenidas por el imán en internet, «empezando con la adquisición y almacenaje de los precursores necesarios para su fabricación», compra en la que participó Houli Chemlal, recuerda el escrito.

La célula se estableció como base en una casa en Gombrèn (Ripollès), que habían okupado y donde celebraban las reuniones, vivienda donde fueron identificadas «tres huellas latentes» de Houli Chemlal, a quién sitúa trasladando utensilios desde esta casa a la de Alcanar, donde resultó herido en la explosión que se produjo antes de los atentados.

Con respecto a Oukabir, la AVT sostiene que, «en ejecución del plan convenido y en función de las tareas asignadas» y «con pleno conocimiento que la finalidad de alquiler de la furgoneta no era otro que ser utilizada para la comisión de los actos terroristas», procedió a alquilarla para el autor del atropello en la Rambla, a quien «no le era posible formalizar el alquiler dada su insuficiente edad».

Sobre Ben Iazza, la AVT cree que entregó voluntariamente, «con plena conciencia de lo que se le había solicitado», su documento de identidad «para que fuera utilizado por uno de los terroristas -Youssef Aalla- para la adquisición de gran cantidad de peróxido de hidrógeno para la confección de los explosivos, dejándole igualmente un vehículo apto para el transporte del que se había comprado».