Piden prisión permanente para dos acusados por los atentados del 17-A

Varias asociaciones de víctimas han pedido a la Audiencia Nacional que condene a dos de los tres acusados por los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017 la pena de prisión permanente revisable, un castigo superior al reclamado por la Fiscalía, que solicitó para ellos entre 36 y 41 años.

En un escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Efe, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo pide el máximo castigo penal por Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal, como también hizo la Asociación de Víctimas del terrorismo (AVT).

Las dos quieren que se los condene a prisión permanente por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un tipo penal por el que la Fiscalía no los acusa ni fueron procesados, porque los presuntos autores materiales murieron, si bien la Audiencia Nacional abrió la puerta al hecho de que las partes pudieran acusar por él.

Se trata de Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en Alcanar (Montsià) en que murió el imán de Ripoll, considerado líder de la célula; y Driss Oukabir, hermano de uno de los miembros de este y nombre al que alquiló la furgoneta con la que se perpetró el atentado de la Rambla y que conducía Younes Abouyaaqoub, abatido por los Mossos.

Integración en organización terrorista, 150 asesinatos terroristas en tentativa, fabricación y tenencia de explosivos, estragos imprudentes o lesiones son otros de los presuntos delitos por los que las asociaciones los acusan.

Además de pedir pena de prisión, las dos solicitan largas condenas que superan sobradamente los 2.000 años de prisión para ellos por su presunta participación en los atentados en la Rambla y el paseo marítimo de Cambrils (Baix Camp), de los que el lunes se cumplen 3 años y en qué murieron 16 personas y 140 resultaron heridas.

Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, la AVT pide 25 años de prisión por presunta colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que la Asociación 11-M reclama 30 años para él al acusarlo también por estragos imprudentes y lesiones.

La Fiscalía, por su parte, solicita para los tres penas de entre 8 y 41 años de prisión por presuntos delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración por el delito de estragos terroristas por los planes que tenían de atentar contra la Sagrada Familia, pero no incluye el delito de asesinato.

En un comunicado, la Asociación 11-M discrepa «abiertamente» con el criterio «de la Fiscalía y mantiene que» hay prueba de cargo suficiente para sostener la condena de al menos dos de los acusados por tales atentados, ya sea en concepto de autores, cooperadores necesarios o cómplices».

Pide en el juicio un «debate completo» sobre todo lo que ha pasado y que «se dé satisfacción» a las víctimas.

Además de AVT y Asociación 11-M, también está personada la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), la representación ejerce el despacho Fuster-Fabra Advocats, que también representa alguna víctima.