Barcelona y la Generalitat piden 95 y 44 años para los procesados por el 17-A

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat piden penas de hasta 95 y 44 años de prisión, respectivamente, para los tres únicos procesados por los atentados del 17-A por su papel en la célula terrorista, y se alinean con la Fiscalía al descartar acusarlos de delitos de asesinato.

Las dos acusaciones particulares han presentado sus escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Efe, ante la Audiencia Nacional, que el mes pasado abrió juicio contra dos de los presuntos miembros de la célula y un tercero que cooperó con ella, por los delitos de integración y de colaboración con organización terrorista, además de fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas y estragos.

La Audiencia no ha procesado ninguno de los tres investigados por las muertes y lesiones que provocaron los seis miembros de la célula muertos en sus ataques en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, aunque ha dejado abierta la puerta que lo plantearan las acusaciones.

De acuerdo con la tesis de la sala, compartida por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han evitado acusar de asesinato a los tres procesados, a diferencia de las asociaciones de víctimas, como la AVT y 11M, o el Ayuntamiento de Cambrils, que piden para ellos prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.

De esta manera, el Ayuntamiento y la Generalitat ciñen el papel de los procesados Mohamed Houli Chemlal -superviviente de la explosión en el chalet de Alcanar (Montsià)- y Driss Oukabir -nombre al que se alquiló la furgoneta utilizada en la Rambla-, a su pertenencia a la célula terrorista y a la preparación de los artefactos para atentar.

No los vinculan a la masacre que Younes Abouyaaqoub causó con su atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, que dejó 14 cadáveres y más de un centenar de heridos, ni al ataque con machetes que cinco miembros de la célula perpetraron en Cambrils, acciones que improvisaron en cuestión de horas después de fallar sus planes de atentar con explosivos a causa de la accidental deflagración de Alcanar.

Al tercer procesado, Said Ben Iazza, que regentaba una carnicería en Vinaròs (Castellón), lo acusan de colaboración con actividades de organización terrorista por haber prestado a la célula una furgoneta frigorífica en que transportar el peróxido de hidrógeno que necesitaban para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación necesaria para adquirirlo.

En sus escritos, los servicios jurídicos de la Generalitat, en representación de los mossos heridos en los ataques, piden 44 años para Houli i Oukabir por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, conspiración para cometer estragos y lesiones por imprudencia grave.

En nombre de los bomberos heridos en la segunda explosión de Alcanar -que tuvo lugar ya el 17 de agosto, mismo día de los atentados, durante las tareas de desescombro en el chalet que horas antes había saltado por los aires-, solicitan penas que suman 41 años de prisión para los dos presuntos miembros de la célula terrorista.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, eleva las penas de estos dos procesados a 95 y 90 años de prisión, respectivamente, al imputarles también las lesiones que causaron a 27 personas que resultaron heridas en la explosión de Alcanar y la posterior deflagración ocurrida durante el desescombro.

Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento solicitan una pena de ocho años de prisión, cinco de libertad vigilada y multas por un delito de colaboración con organización terrorista.

Además de las penas de prisión, la Generalitat solicita que los acusados indemnicen a los bomberos y los mossos por «las lesiones físicas y psíquicas» y las secuelas sufridas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona pide ser resarcido por los daños materiales causados por los ataques a la ciudad, de acuerdo con la cantidad que se fije en sentencia.

El Ayuntamiento de Cambrils, por su parte, acusa a Houli y Oukabir de 15 delitos de asesinato y 142 más en grado de tentativa -además de organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos-, de manera que les pide prisión permanente revisable y penas que superan los 2.000 años de prisión.

También solicita que los dos procesados indemnicen con 20.091 euros al ayuntamiento por los desperfectos que causaron los cinco terroristas que atentaron en Cambrils.