Prohibir el 'botellón' no disuade a los jóvenes: Salou pone 31 multas y Altafulla, 17

La prohibición de hacer el botellón, es decir beber bebidas alcohólicas en espacios públicos y en grupo, como medida para evitar los contagios de covid-19 no ha acabado de disuadir a los jóvenes. Las policías locales de la mayoría de municipios de la Costa Daurada siguen actuando como, de hecho, ya hacían antes de que la medida entrara en vigor el pasado 29 de julio. La resolución del Procicat llegaba cuatro días después de que se ordenara el cierre de los locales de ocio nocturno para evitar una práctica que podía proliferar inevitablemente por el mencionado cierre. La prohibición, sin embargo, no ha provocado el efecto deseado.

En Salou, desde el pasado 29 de julio, la policía local ha denunciado a 31 personas en varias actuaciones llevadas a cabo durante los últimos quince días por la práctica del botellón. Aunque la resolución firmada por la Generalitat recoge que el botellón se considerará una infracción grave con sanciones que pueden ir de los 3.001 a los 15.000 euros, en Salou las denuncias se ha interpuesto por el incumplimiento de la ordenanza municipal de convivencia y civismo que, desde el año 2011, ya lo prohíbe.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana de Salou, David González, «desde el año 2011, la Ordenanza de Civismo recoge, específicamente, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública». En este sentido, desde entonces, «la Policía Local trabaja, eficazmente, en la detección y sanción de este tipo de conductos incívicas». Según fuentes municipales, la regulación llevada a cabo, recientemente, para|por la Generalitat, no afecta a la actividad propia y cotidiana de la Policía Local, con respecto a vigilancia y control de las botellades en la calle. Según la ordenanza que lo regula en Salou, beber en un lugar público –calles, plazas, parkings, playas, interior de vehículos estacionados en estos lugares y similares– se considera una infracción leve y está sancionado con 100 euros. La cosa cambia cuando «por la morfología o la naturaleza del lugar público, el consumo se haga de forma masiva por grupos de ciudadanos o invite a la aglomeración de estos». Entonces, la infracción se considera grave y la multa sube hasta los 300 euros, a no ser que los hechos sean constitutivos de una infracción más grave, como molestando al resto de peatones, ensuciando el espacio, por la participación de menores, entre otros supuestos.

De la misma manera, en Torredembarra, en los primeros quince días en que ha estado en vigor la prohibición, la Policía Local recibió varios avisos de ciudadanos alertando de botellones. La mayoría se habían disuelto con la llegada de los agentes. No obstante, durante la primera semana, el cuerpo policial disolvió algunas concentraciones de jóvenes en la Zona Deportiva Municipal. Por otra parte, la madrugada del pasado domingo 9 de agosto, durante un operativo policial los agentes intervinieron en la playa del Canyadell donde detectaron a un grupo de jóvenes reunidos que se tuvo que marchar sin mayores incidencias. En Torredembarra, también la ordenanza municipal regula el consumo masivo –en grupo– de alcohol y lo considera falta grave. De hecho, la resolución que prohíbe la práctica del botellón indica que está especialmente dirigida para aquellos municipios donde no se ha regulado y esta práctica «está suponiendo una vía de transmisión de la covid-19».

La policía local de Altafulla intensificaba estos días atrás los controles en la vía pública para avisar del uso obligatorio de la mascarilla y denunciaba a 14 ciudadanos por no llevar. Pero también intervenía por el consumo de bebidas alcohólicas en grupo en espacios públicos y denunció a diecisiete personas. En Altafulla, los grupos de jóvenes acostumbran a concentrarse en playa, cerca de la zona del club marítimo, y la policía local ha hecho controles específicos en los lugares habituales de esta práctica de ocio.

Por su parte, la policía local de Cambrils, no dispone de datos todavía sobre el número de denuncias que se han interpuesto desde que la prohibición del Gobierno es vigente. Fuentes municipales aseguran, sin embargo, que los agentes han identificado personas y se ha formulado alguna denuncia por esta infracción, pero que la incidencia no ha sido elevada.

Prórroga

El miércoles, la Generalitat prorrogaba quince días más la prohibición de hacer el botellón en Cataluña con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros, según publicó el DiariOficial de la Generalitat. De esta manera, continuará vigente la norma según la cual «en defecto de la ordenanza municipal específica que lo regule, se prohíbe, por razones de salud pública, en toda Cataluña, el consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y el resto de espacios abiertos al público».