Denuncian que la central eólica de Vedat del Pany se construye con autorizaciones caducadas
El GEPEC acusa de supuestos delito ambiental y prevaricación el exdirector general de Energía y Minas, Pere Palacín
La denuncia relata que Palacín –cesado el mes de mayo pasado- renovó, el 28 de noviembre de 2019, la autorización administrativa para construir una central que se había empezado a tramitar a principios del año 2005. Según recuerdan los ecologistas, la promotora Esbrug SL ya había obtenido este permiso en 2009, con el compromiso de iniciar las obras en un plazo dentro de dos años. Desde entonces, sin embargo, el proyecto quedó «abandonado» sin que se hayan producido prórrogas o modificaciones. «Se tiene que tramitar de nuevo y no se ha hecho», ha remarcado el técnico de la entidad, Joan Ramon Mendo.
Así, uno de los principales argumentos que sustentan la denuncia es que las autorizaciones administrativas a las que se encuentran sujetos estos proyectos tienen una «caducidad». Sobre todo, por la exigencia de disponer de la declaración de impacto ambiental preceptiva, el plazo de vigencia de la cual se habría ya agotado hace años. Concretamente, recuerdan que los informes técnicos sobre los cuales se basaron son del año 2008, aunque finalmente fue publicado el año 2012 después de que se eliminaran algunos aerogeneradores y se introdujeran algunos cambios reclamados por el Departamentde Territoriante afectaciones a la fauna de la zona.
Precedente en la Terra Alta
En este sentido, y siguiendo el mismo criterio comunicado por el Departamentde Territorien el caso de un proyecto eólico de la misma época en Prat de Comte y Pinell de Brai (Terra Alta), que acabó decayendo, los ecologistas recuerdan que la declaración de impacto ambiental sólo tenía vigencia para cinco años. Entienden, así, que en el caso del Vedat del Pany, que Empresa y Ocupacióestaba obligado a exigir al promotor a reiniciar desde cero la tramitación ambiental para poder autorizar y ejecutar el proyecto. En lo referente a este proyecto concreto, sin embargo, Territori no ha respondido todavía la consulta concreta que la entidad le dirigió a finales del año pasado.
Esta es la base principal de las acusaciones de supuesta prevaricación contra Palacín, a quien reprochan también que renovara la autorización administrativa de la central diez años después sin consultar el Departamentode Territorisobre la situación de la declaración de impacto ambiental ni someter el trámite a información pública. Las acciones hechas por este exdirector general pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación porautorizar unas obras siendo consciente que son contrarias a derecho y contrarias a ley. Obvia las autorizaciones necesarias de la autoridad ambiental a partir de esta declaración de impacto», ha concluido Xavier Jiménez, presidente del GEPEC.
La distancia temporal entre los primeros trámites y la reciente renovación pone también en cuestión la valoración de los cambios normativos producidos pero también la evolución temporal de los hábitats afectados. Así, la declaración de impacto ambiental ya reconocía que el espacio afectado por la central del Vedat del Pany es el hábitat de varias parejas de águila perdicera, protegidas. Además, durante los últimos tiempos, se ha detectado la presencia de especies de flora amenazada y protegida, que las obras pondrían en peligro, remarcan. Es el caso del Cistus populifolius, que sólo se encuentra en tres municipios catalanes –l'Aleixar, Artgenetera i Riudecols- así como también poblaciones de boix grèvol y el Doronicum plantagineum, en torno a la ermita de Puigcerver. Unas afectaciones, suscriben, que podrían ser constitutivas de delito ambiental.
Responsabilidades de los ayuntamientos
La renovación de la autorización administrativa, explican, fue seguida de forma casi consecutiva, justo el día siguiente del caso de Duesaigües, de la concesión de la licencia de obras a la promotora Esbrug para iniciar las obras iniciales sobre el terreno –desbroce, apertura de caminos, plataformas y otras actuaciones para facilitar la instalación. Por eso, el GEPEC no descarta tampoco pedir responsabilidades a los dos ayuntamientos, tanto de Duesaigües como Riudecols. En este último caso, recuerdan, la central contraviene las directrices de protección que figuran en su POUM del entorno de la ermita de Puigcerver, donde han empezado las obras.
Consideran que la instalación de diez aerogeneradores y las instalaciones asociadas –un proyecto que, según entienden, no es independiente y forma parte de la ampliación del parque eólico del Collet dels Feixos y Mas de la Potra próximo- estropearía uno de los encinares mejor conservados del Baix Camp y un entorno muy valorado desde el punto de vista paisajístico y cultural por parte de la población, que tienen en el entorno de la ermita un «espacio de reposo, naturaleza y naturalidad».