Empresa asegura que la declaración de impacto de la central del Vedat del Pany seguía vigente

Concretamente, apuntan, la disposición transitoria primera de esta ley, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 12 de diciembre de 2013, especifica que las declaraciones «publicadas con anterioridad a la entrada en vigor» de esta norma «perderán su vigencia» y sus efectos «si no se hubiera empezado la ejecución de proyectos o actividades en el plazo de seis años desde la entrada en vigor de la ley».

Así pues, Empresa se aferra al hecho que el 28 de noviembre de 2019, cuando se otorga nuevamente autorización administrativa a la promotora Esbrug SL –que ya lo había obtenido en 2009 sin llegar nunca a iniciar las actuaciones- todavía faltaban dos semanas para que se agotara el plazo de seis años de validez de la DIA.

En su denuncia en Fiscalia, el GEPEC argumentaba que las declaraciones tienen una vigencia de cinco años y, tomando como referencia en 2008, cuando fueron elaborados la mayoría de informes del trámite inicial, la hacía vigente hasta 2013. Apuntaban que si se se estableciera el contador en el momento de ser publicada en el DOGC por parte del Departamentde TerritoriiSostenibilitat, el 6 de junio de 2012, habría caducado ya a mediados de 2017. Así pues, consideran que la Generalitat habría tenido que forzar a la promotora a reiniciar el procedimiento desde el principio para obtener la autorización administrativa y la aprobación de la DIA.

Los ecologistas, incluso, recordaron un caso similar de una central eólica en Prat de Comte y Pinell de Brai de la misma época que acabó decayendo porque el Departamentde Territorihabría certificado que la DIA ya no estaba en vigor después de cinco años obligando al promotor a reiniciar todo el trámite. El GEPEC, incluso, pidió hace meses al mismo Departament un pronunciamiento formal sobre el caso concreto del Vedat del Pany sin encontrar respuesta, de momento. ACN se ha puesto en contacto también con Territori pero todavía no ha podido conseguir un pronunciamiento oficial sobre el caso.

El inicio de las obras en torno a la ermita de Puigcerver, en Riudecols, a finales del pasado mes de agosto, ha reavivado el movimiento de contestación social al proyecto. De momento, sin embargo, el GEPEC, que asegura haber analizado todo el caso, es la única entidad que ha decidido dar unpaso enel ámbito judicial con la denuncia en Fiscalia. Aparte de iniciar un procedimiento penal por prevaricación y delitos ambientales contra, principalmente, el exdirector general de Energía y Minas, reclaman la paralización de las obras porque, consideran, podrían ser nulas de pleno derecho y podrían generar daños irreversibles en un espacio natural donde habitan especies animales y vegetales protegidas.