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El Gobierno trabaja para adaptar el proyecto de Hard Rock a los requerimientos del TSJC
El ejecutivo prorroga dos meses más el plazo de compra de los terrenos, hasta el 15 de diciembre, a petición de la empresa
A pesar de todo, Budó ha insistido en que la justicia ha reconocido la vigencia del PDU y su utilidad pública, y que sólo ha anulado la ordenación en lo referente a los espacios libres y equipamientos bajo el área de riesgo químico, aunque durante la tramitación «estaban todos los informes favorables». «El proyecto sigue adelante; no hay nada ni nadie que haya dicho que no tenga que seguir adelante», ha subrayado.
Segunda prórroga para la compraventa de los terrenos
En paralelo, el Gobierno ha concedido una segunda prórroga a la empresa para la compra de los terrenos. El plazo de la primera prórroga vencía justo ellunes que viene, 5 de octubre, pero la multinacional solicitó una nueva prolongación el 15 de septiembre y el Gobierno laha concedido.
Tal como ya hizo en mayo, cuando pidió la primera prórroga, Hard Rock ha justificado la petición atendido el impacto económico que la pandemia internacional derivada de la covid-19 está ocasionando a esta compañía y a sus filiales en todo el mundo.
Ahora el plazo establecido para la compraventa acaba el 15 de diciembre. Además, el Gobierno ha autorizado el Incasòl a negociar los importes de las cantidades aplazadas fijadas en el contrato y a revisar las garantías ordinarias.
Una operación de 120 MEUR a tres bandas
Hay que recordar que el contrato prevé una operación a tres bandas entre Criteria -el holding de inversiones de la Caixa que ostenta la propiedad de los terrenos-, el Incasòl y, en última instancia, la promotora Hard Rock.
En el momento de formalizarse el contrato de compraventa, ahora como mucho el 15 de diciembre la multinacional norteamericana sólo abonará el 20% de la factura -24 MEUR más IVA. El 70% de la operación -84 MEUR- lo pagará cuando se haga la publicación definitiva de los planes de mejora urbana (PMU) en el DOGC y, el 10% restante -12 MEUR-, cuando se haga la reparcelación.
Según el contrato, la empresa se reserva durante 10 años la opción de vender el espacio por 120 MEUR y la Generalitat tendría la obligación de comprarlo de nuevo. Todo está sujeto a varias cláusulas: que una sentencia declare nula o recorte el redactado final del PDU -tal como ha ocurrido ahora por parte del TSJC-, que Hard Rock no llegue a adquirir la licencia para el casino, que se reduzca la edificabilidad del sector o que no se cumplan las fechas de aprobación y construcción propuestas.