El TSJC tumba el recurso del Ayuntamiento de Salou para legalizar el cierre de terrazas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado en contra del recurso contencioso administrativo que el Ayuntamiento de Salou abrió contra la resolución de la Comisión de Urbanismo de Tarragona que denegaba la modificación puntal del POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) aprobada en noviembre de 2016 para permitir legalizar el cierre de terrazas, galerías y balcones de edificios. La sentencia, sin embargo, no es firme. El Ayuntamiento tiene abierta todavía la opción de interponer un recurso de casación contra la resolución del TSJC, una vía esta que alargará todavía más en el tiempo una problemática que se arrastra desde hace años.

El gobierno de Salou, según el concejal de Territori, Marc Montagut, interpondrá un recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo y ha empezado también a trabajar para emprender la revisión de todo el POUM hacia finales de año, como una de las soluciones a la problemática.

Mientras tanto, la sentencia permitirá que el Ayuntamiento pueda seguir sancionando a los propietarios que sean denunciados por terceros y mantiene abierta una problemática que se arrastra desde hace años.

La sentencia del TSJC es contundente a la hora de rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Salou por los cuales solicita la modificación puntual del POUM con el fin de permitir la legalización de los cierres que se han hecho al margen de las directrices que marca el plan general. Afirma que «situación de impune y manifiesta ilegalidad se pretende ahora irracionalmente solucionar y desconocer instrumentalizando el urbanismo de manera indebida a favor de los infractores, y de paso, del resto de ciudadanos, para obtener, mediante un incremento masivo de la edificabilidad, una legalización también masiva de actuaciones sistemáticamente ilegales».

La sección tercera de la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC añade que, todo se hace «con la consecuencia añadida de premiara los infractores mediante el otorgamiento de un incremento de la edificabilidad de sus respectivas viviendas, posibilidad que quedaría también al alcance de aquellos que, por ahora, no tienen ningún cierre en su terraza». La sentencia es demoledora con respecto a la propuesta del consistorio para regularizar la situación de centenares de vecinos del municipio y asegura que desestabilizaría abiertamente la ordenación urbanística preexistente, de manera tal que, como mayor es la infracción cometida correspondería un premio mayor, en forma de aprovechamiento añadido.

En la sentencia, el TSJC afirma que la solución propuesta por el gobierno salouense y permitiría que cualquiera que hubiera cometido una infracción urbanística por incrementar ilegalmente el aprovechamiento de su vivienda podría recurrir al procedimiento para hacerlo. «Supone un incremento del techo edificable de todo el municipio, pudiendo establecerse un antecedente de futuro en virtud del cual todos los edificios se proyectaran con terrazas abiertas para después cerrarlas, con lo cual, el techo admisible en cada solar no sería el establecido en el plan, se podría incrementar a posteriori mediante el trámite contenido a la propuesta (de modificación parcial del POUM) quedando así afectada la coherencia y la cohesión territorial y la racionalidad del desarrollo urbano», recoge el TSJC.

Centenares de afectados

Centenares de vecinos de Salou empezaron la lucha hace años para la legalización de sus cierres en balcones, galerías y terrazas. Muchos han tenido que afrontar multas de más de 1.000 euros por los cierres ilegales e, incluso posteriores y sanciones coercitivas cuando, después de abrirse un expediente disciplinario a fin de que quitaran los cierres, no lo lo han hecho.

La regularización de la situación requiere una revisión del todo el POUM y no de una modificación, por lo cual el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Salou critica la demora que ha supuesto el recurso contencioso presentadopor el gobierno municipal. «En su día ya le dijimos al equipo de gobierno cuál sería el resultado y no nos hemos equivocado. Han estado mareando la perdiz en todo este asunto y haciéndolos falsas promesas a los afectados, cuando la verdad es que ya les habíamos advertido que la única posibilidad de encontrar una posible solución implica aprobar un nuevo plan general de ordenación urbana. La conclusión es que, después de tantos años, seguimos estando en el punto de partida, y este gobierno no ha sido capaz de encontrar una solución al respecto», dice Mario Garcia.

Marc Montagut, por su parte, recuerda que toda la tarea llevada a cabo por el gobierno municipal viene derivada de una moción anterior a 2010 y que tuvo el consenso de todos los grupos con el fin de regularizar los cierres ilegales de las terrazas.