La fiscalía dice que Driss Oukabir era miembro de la célula y participó «logísticamente» en los ataques
El ministerio público admite que la Audiencia Nacional sólo puede juzgar los hechos previos a la explosión de Alcanar
La fiscalía no tiene ninguna duda que la célula era autónoma pero formaba parte de la «nebulosa» creada por el Daesh, con quien compartía objetivos, métodos y vínculos ideológicos. El ministerio público cree que los jóvenes de Ripoll «no encajaban en su país de origen ni en el país de acogida», y que el imán Abdelbaki Es-Satty les mostró una «falsa atmósfera sagrada» y les hizo «creer» que una visión rigorista de la religión los salvaría. La influencia de los mensajes islamistas radicales a través de internet se vio complementada por el mismo imán fuera de las redes.
Respecto de Driss, el fiscal ha enumerado los numerosos indicios que lo apuntan como uno de los encargados de la logística de los atentados, a pesar de sus intentos por no ser detectado a través del teléfono móvil, utilizando palabras clave y no hablando de ciertas cuestiones. No obstante, el ministerio público no se cree la defensa de Oukabir, que lo señala como un joven que no seguía los preceptos del Islam, ya que bebía, fumaba, se drogaba, no rezaba y tenía perro. Según el fiscal, Oukabir se fue acercando a la religión cada vez más y «quizás era el más díscolo del grupo y tenía una conducta errática», pero participó en los preparativos, tenía «fe en sus creencias religiosas» y no intentó detener los ataques, sino que se desmarcó en el último momento porque no se orientaban como él quería.
Carballo también ve «claramente flagrante» la participación de Mohamed Houli, herido en la explosión de Alcanar, a quién pide 41 años de prisión, y acusa al tercer acusado, Said Ben Iazza, de ser un «consciente colaborador». Contra este último alega que las pocas veces que salía de Castellón era para ir a Alcanar, y que era fácilmente localizable en persona o por teléfono fijo enla carnicería donde trabajaba. Además, dejó su furgoneta frigorífica a los terroristas sin pedirles el DNI ni el teléfono, cosa que evidencia que tenía mucha confianza, y también les facilitó documentación para comprar precursores de explosivos. Así, el fiscal asegura que la «ignorancia deliberada» también es delito y que no hay que compartir los objetivos terroristas para ser condenado por colaboración. Por este delito la fiscalía le pide ocho años de prisión.