La Guardia Civil investiga 22 personas por presuntas estafas a internet y usurpación

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Jumilla (Murcia) y ha investigado a otras 22 personas residentes en las provincias de Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo y Valencia, como presuntas autoras de 22 delitos de estafa en internet y usurpación de estado civil.

En un comunicado, el instituto armado ha señalado que efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana iniciaron la operación hace un año para investigar una serie de hechos delictivos cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, favorecidos por el aumento de compras en internet debido a la pandemia de coronavirus.

El crecimiento de este tipo de comercio ha degenerado en una amplia gama de estafas, siendo las predominantes las falsas ventas de productos de electrónica a través de páginas webs y las estafas bancarias por medio de ingeniería social como el phishing (obtención de datos bancarios mediante engaño) o el carding(uso fraudulento de tarjetas de crédito).

De esta forma, los investigadores fueron detectando una serie de estafas que consistían, principalmente, en contactos online con potenciales compradores de distintos tipos de productos. Después de confirmar la entrega del pedido y recibir un adelanto de su importe total, no enviaban la mercancía.

La Guardia Civil analizó cada una de las denuncias hasta identificar a uno de los vendedores que anunciaba la venta de tallas y ornamentos de índole religiosos a través de la red. Esta persona, vecina de Jumilla y con antecedentes por delitos similares, está acusada de, al menos, dos estafas.

La investigación desarrollada ha permitido aunar otros perfiles delictivos de los que las víctimas han sido objeto. Se trata del secuestro de cuentas y contraseñas de perfiles en redes sociales y la usurpación de estado civil.

De esta forma el delincuente utiliza la identidad de su víctima para contratar de forma fraudulenta productos financieros, como préstamos, o para dar de alta líneas de teléfono con las que adquirir terminales de telefonía de alta gama para revenderlos en el mercado ilícito.

Para conseguir los datos personales y bancarios, los ahora investigados se valían del factor humano (solicitudes fraudulentas de datos haciéndose pasar por un banco u otra entidad) o de un software malicioso, que, infiltrado en el ordenador de la víctima, a través de correos electrónicos, permitió recibir datos bancarios de forma fraudulenta.

De forma significativa, destacan los reclamos vacacionales. Se trata de reservas fraudulentas de apartamentos en localidades costeras de la Comunidad Valenciana o incluso en el extranjero, que los supuestos estafadores ofertaban a través de reputadas páginas de Internet.

Cuando las víctimas contactaban con los supuestos propietarios del piso, estos alegaban que no les podían enseñar la vivienda por encontrarse fuera del país y que sería un vecino o familiar quien, después del pago, les entregarían las llaves.

Sin embargo, nada más hacer la transferencia bancaria, las víctimas perdían el contacto con los arrendatarios. 12 de los 22 investigados ejercían de mulas o personas que prestan sus cuentas bancarias para facilitar el flujo de dinero de origen ilegal a cambio de una comisión.

Se trata de personas que, al parecer, fueron captadas para que abriesen sendas cuentas bancarias a su nombre, por las que pasarían los pagos o dinero obtenido por métodos de phising a cambio de una comisión por cada transferencia.

Dichas mulas fueron reclutadas de entre los estratos más desfavorecidos de la sociedad, personas con escasos recursos económicos que, generalmente, ignoraban que estaban siendo partícipes de las estafas.

La operación ha culminado con el esclarecimiento de 22 delitos de estafa y tres delitos de usurpación de estado civil, siendo la mayoría de los perjudicados vecinos de Jumilla (Murcia) y el resto de Cáceres y Huelva. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad de Jumilla.