El alcalde de Alforja, investigado por un presunto delito de prevaricación

El alcalde de Alforja, Joan Josep Garcia, y el actual concejal de Urbanizaciones, Industria y Trabajo del municipio, Marcial Serena, declararán ante el juzgado de instrucción número 2 de Reus el próximo día 30 de abril en calidad de investigados en la causa abierta por un presunto delito de prevaricación por la adjudicación del contrato para la redacción de un Plan de Mejora Urbana de la urbanización Portugal. Por otra parte, cuatro personas más –la secretaria interventora del Ayuntamiento, un arquitecto municipal y representantes de la empresa a la cual fue adjudicado el contrato, Balcells Arquitectes SLPU- están citadas a declarar el 10 de mayo.

La causa se ha abierto a raíz de una de las cuatro denuncias que han presentado varios vecinos de Alforja y propietarios de algunas de las parcelas de la urbanización Portugal.

El alcalde, Joan Josep Garcia, defiende su inocencia y la legalidad del proceso utilizado en la contratación de la empresa, y afirma que, todo, nace por la negativa de los propietarios que disponen de más metros cuadrados de terreno a pagar lo que les corresponde «por las obras que faltan para ejecutar» y la sustitución de las que están obsoletas. Los denunciantes, por su parte, consideran que la adjudicación se habría producido, presuntamente, de manera ilícita y arbitraria, es decir a dedo, a un arquitecto que, según los vecinos, viene haciendo todos los proyectos técnicos para el Ayuntamiento desde que Garcia Rodríguez es alcalde.

«Hicimos un procedimiento negociado y se invitó a tres empresas, de las cuales se escogió la que tenía la oferta más barata. El problema es que hemos empezado a transformar esta zona urbanizable en urbana y son los que tienen más metros cuadrados los que intentan torpedear cualquier procedimiento», explica el alcalde. Añade que se ha citado a declarar Marcial Serena, actual concejal de Urbanizaciones, «un edil que no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero como es vecino le tienen manía persecutoria».

En la denuncia, los vecinos narran cómo el Ayuntamiento incoó un procedimiento negociado sin publicidad –«para poder dar, presuntamente, apariencia de legalidad», según los vecinos, al cual se invitó a tres arquitectos más. En la denuncia sostienen que los arquitectos invitados han trabajado en el pasado en el despacho profesional de Balcells y que seguirían colaborando. Por lo tanto creen que, entre todos, habrían pactado las ofertas con el objetivo de facilitar que Balcells presentara la mejor, por valor de 43.000 euros más IVA, y ganara la adjudicación del contrato. De acuerdo con lo que recoge la denuncia, el arquitecto técnico municipal –también investigado– habría emitido un informe valorando la oferta de Balcells como la más ventajosa el 10 de mayo de 2017, aunque en un pleno anterior –del 19 de abril– el alcalde habría informado de que la adjudicación mencionada se había producido por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada con anterioridad. «La secretaria-interventora habría procedido, presuntamente, a falsificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de la cual se tiene conocimiento durante el pleno, emitiendo un nuevo acuerdo posterior a que cerraría el expediente de contratación», afirman. Los denunciantes aseguran también –y así lo denuncian– que el Ayuntamiento tiene recepcionada la red de abastecimiento de agua de la urbanización Portugal, «pero en el plan de mejora urbana, redactado por el arquitecto adjudicatario, elude esta cuestión y aplica un gasto de 400.000 euros a una nueva red de abastecimiento de agua». Sin embargo, los denunciantes recogen que el plano parcial aprobado en el pleno del año 82 ya recogía las cesiones de zonas verdes y viales y que, por lo tanto, ya se indemnizó al promotor inicial. No obstante, el proyecto de mejora redactado por Balcells contemplaría «obras innecesarias e indemnizaciones al promotor histórico por terrenos que ya constan como cedidos sin coste a la Junta de compensación».

Por su parte, el alcalde sostiene que se tienen que hacer mejoras que no dependen del Ayuntamiento. «Hay sectoriales como la Agència Catalana de l'Aigua,, bomberos o Carreteras que exigen unos mínimos requisitos. Están las calles hechas, pero se tienen que mejorar y no depende de nosotros», asegura el alcalde.