Diari Més

Energía

La Terra Alta propone frenar nuevos proyectos eólicos «de gran envergadura» cambiando las normas urbanísticas municipales

El Consell Comarcal cofinancia el asesoramiento de una empresa especializada para que los ayuntamientos hagan el trámite

Plano general de algunos de los aerogeneradores instalados en la meseta de la Terra Alta.

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El Consell Comarcal de la Terra Alta propone a los ayuntamientos que tramiten una moratoria a nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos «de gran envergadura» en zonas no urbanizables a través de la modificación de las normas urbanísticas. El ente comarcal ofrece cofinanciamiento para contratar una empresa especializada en asesoramiento energético para poner en marcha el proyecto y las tramitaciones. Los servicios costarán 750 euros por ayuntamiento, más el coste de trasladar el informe a la planificación urbanística. Cinco de los doce ayuntamientos de la comarca ya han mostrado la voluntad de adherirse a la iniciativa. Para regular y ordenar estos tipos de instalaciones también se propone abrir un proceso participativo.
La Terra Alta quiere tramitar una moratoria a nuevos proyectos eólicos y solares con la modificación de las normas urbanísticas de los pueblos. Se ha ofrecido una empresa especializada en asesoramiento energético para preparar la documentación del anuncio del inicio del trámite de modificación, para elaborar una «zonificación óptima» y determinar los condicionantes que se requerirán a este tipo de instalaciones.

Esta propuesta «quiere devolver a cada ayuntamiento la soberanía sobre su territorio» y ordenar la implantación de infraestructuras eléctricas «con criterios técnicos». El Consell Comarcal de la Terra Alta «es consciente de que esta no es una acción definitiva», pero considera que «permitirá ganar tiempo» mientras no se modifica el actual decreto de emergencia climática o se crea un catálogo de paisaje, entre otros.

La Terra Alta, con el 2% de superficie y el 0,15% de población, concentra el 25% de la potencia eólica instalada en Cataluña. Con la implantación de los proyectos que están en tramitación desde el nuevo decreto, la potencia instalada aumentaría un 85% y el número de molinos pasaría de ser 148 a 194. También se han presentado anteproyectos para 7 centrales solares que ocuparían 340 hectáreas.

Los alcaldes tienen hasta el 25 de junio para presentar formalmente la adhesión a la iniciativa, que se enmarca en el Plan de reactivación económica covid-19 con el cual se ha financiado a una consultora energética. Junto con las técnicas de apoyo al turismo y a las empresas agroalimentarias que ha permitido contratar el Plan, se ha identificado que «la constante proliferación de proyectos de grandes infraestructuras energéticas, principalmente eólicas», es uno de los factores de riesgo del futuro de los activos y actividades turísticas y de las empresas agroalimentarias.

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