Adiós a 52 años de peaje en la AP-7 entre Salou y La Jonquera y la AP-2 entre Zaragoza y el Vendrell

En el documento se hacía constar que España tiene una red estatal de 26.466 kilómetros, de los cuales unos 12.000 pertenecen a carreteras de alta capacidad, con unos gastos de conservación «crecientes» que no podían ir a cargo de los presupuestos.

Las autopistas llegarán, por lo tanto, al final de las concesiones sin tener un modelo de mantenimiento definido. Según datos del Servei Català de Trànsit correspondientes al 2019, el año anterior a la irrupción de la pandemia y el último con una circulación normalizada, por la AP-7 entre Montmeló y la Jonquera circularon una media de 48.243 vehículos diarios, entre Montmeló y El Papiol 117.714 vehículos; entre el Papiol y Tarragona 57.021. La AP-2, 10.310 vehículos circulaban cada día entre Soses y El Vendrell (tramo del AP-2 que transcurre por Cataluña), hasta el enlace de la AP-7.

En el mismo periodo y con respecto a las dos autopistas de la Generalitat que también acaban la concesión, 54.540 vehículos circularon por la C-32 entre Montgat y Blanes; y 58.132 por la C-33 entre Barcelona y Mataró.

El descenso generalizado del tráfico como a consecuencia la pandemia llevó a Abertis a pedir un alargamiento de las concesiones para resarcir el impacto en sus cuentas mientras duró el estado de alarma, una demanda rechazada por el gobierno español. La compañía alegaba que se podía acoger al decreto 26/2020, que establecía que el reequilibrio tenía que consistir en la ampliación del plazo de la duración de la concesión y no podía ser superior al estado de alarma.

Indemnización millonaria en Abertis

Lo que sí está previsto es una indemnización de 1.291 millones de euros en Abertis por las obras que hizo el concesionario en el 2006, con Magdalena Álvarez como ministra, en el tramo gerundense y tarraconense de la AP-7 para afrontar un aumento de tráfico que finalmente no se acabó produciendo.

Entre las obras de ampliación que se incluyeron en el acuerdo después de constatar el aumento del tráfico en estas vías, estaba la construcción del tercer carril entre Maçanet y Fornells de La Selva y entre Medinyà y la Jonquera; un cuarto carril entre Fornells de la Selva y Sant Gregori; enlaces de Fornells de la Selva, Medinyà y Sant Gregori; y en las comarcas de Tarragona un tercer carril en Vila Seca/Salou con el enlace con la AP-2.

El gobierno español reconoció en el documento del Plan de Recuperación que envió a Bruselas que estos 1.291 MEUR irían a cargo del déficit público, ya de por si castigado para hacer frente a los efectos de la pandemia. Esta es la cantidad que el gobierno acepta abonar, pero contrasta con los más de 3.800 MEUR que reclama Abertis (1.010 millones de euros serían por las inversiones hechas para ampliar los carriles de este tramo de la AP-7 y 2.816 millones por la indemnización en el descenso del tráfico). La multinacional sostiene que el Tribunal Supremo todavía tiene que resolver sobre esta cuestión y que se pronunciará más allá del último día con autopistas de pago.

Paralelamente, la finalización de los contratos con los concesionarios ha comportado la extinción de los contratos laborales de los trabajadores vinculados a peajes y a servicios centrales o de apoyo. Los sindicatos de CCOO, la UGT, la CGT y PITA, junto con Abertis, firmaron un acuerdo para despedir a un total de 340 empleados de las vías donde se acaba la concesión. No obstante, aparte de las indemnizaciones, el personal afectado por el ERE tendrá preferencia a la hora de ser contratado en caso de que las carreteras requieran más trabajadores en un futuro.

Con respecto a las tareas de mantenimiento, la ocupación se mantendrá. En los tramos afectados del AP-7, el AP-2, la C-32 y la C-33, la plantilla encargada de este trabajo -hasta 240 empleados- trabajará tres meses más para garantizar la continuidad del servicio hasta que se adjudique una nueva empresa para los dos próximos años. Una vez se cierre la licitación, los trabajadores de Abertis encargados de las tareas de mantenimiento pasarán a formar parte de la empresa adjudicataria.

Incertidumbre en los ayuntamientos sobre el futuro de la AP-7

El fin de los peajes no sólo genera dudas entre los usuarios sino también entre los ayuntamientos por donde discurre. Es el caso de ayuntamientos como el de Maçanet de la Selva. Su alcaldesa, Natàlia Figueras, lamenta que no hayan tenido «ninguna reunión» con Fomento para saber cómo se hará el mantenimiento de la vía a partir de ahora. «No sabemos a quién tenemos que llamar si hay alguna incidencia», añade la alcaldesa.

Además, asegura que no tiene ninguna noticia de cuál será el futuro del «nexo de conexión» que hay entre la C-35, la AP-7 y la N-II, una infraestructura que «queda pendiente». Por eso Figueras ya ha pedido una reunión con la delegación del Gobierno en Girona y el Ministerio de Fomento para saber cuáles son los planes de futuro de conexión de la autopista con las dos vías que también cruzan el municipio.

Por otra parte, Natàlia Figueras recuerda que el Ayuntamiento de Maçanet dejará de ingresar 300.000 euros del IBI que hasta ahora pagaba el concesionario de la autopista. Para el consistorio, eso representa una bajada de ingresos considerable, ya que tienen un presupuesto anual de unos 7 millones de euros.

En una situación similar se encuentra Vilobí d'Onyar (La Selva), que dejará de ingresar unos 140.000 euros. La alcaldesa, Cristina Mundet, ha afirmado que este dinero se destinaba a inversiones y ahora habrá que buscar «nuevas vías» para financiar algunos de los proyectos del municipio.

A pesar de todo, Mundet lamenta que el Estado no actúe delante de «tantos años de bonificaciones» que ha tenido la empresa concesionaria con el IBI. Según Mundet, haría falta que los municipios recibieran una «compensación» económica por las molestias que sufren los vecinos mientras ha durado la explotación de la autopista. «Nadie quiere una autopista en su municipio, ni un aeropuerto, ni un vertedero, y por eso hay que buscar maneras de compensarlo», remacha.

Repensar la financiación municipal

En el Alt Empordà, otro de los ayuntamientos afectados es Vilafant. En este caso, el consistorio, que tiene un presupuesto anual de 4,5 MEUR, dejará de ingresar unos 150.000 en concepto del IBI. La alcaldesa, Consol Cantenys, recuerda que el municipio está afectado directamente por tres infraestructuras: la AP-7, la estación del AVE y la N-II. A partir del 1 de septiembre, sin embargo, no recibirá ningún tipo de compensación.

«Creo que el Estado tendría que compensar los municipios y, si no, se tiene que revisar la financiación municipal, porque eso no puede ser,» dice. «Estamos completamente de acuerdo en que se acabe la concesión y pase a manos públicas, pero siempre que se haga un buen mantenimiento y no seamos los ayuntamientos los que siempre acabamos perdiendo», añade.

Cantenys también critica la falta de planificación de un escenario que estaba más que anunciado. «Estamos en una situación un poco de absurdo porque es una cosa que se sabía desde hace tiempo y no hay ninguna previsión o, al menos, no la sabemos», insiste.