Urbanismo
El Supremo no admite a trámite el recurso de Salou por|para el cierre de las terrazas
El TSJC tumbó la modificación urbanística y el consistorio presentó un recurso de casación
![Algunas de las terrazas cerradas del municipio de Salou.](https://imagenes.diarimes.com/files/image_large/uploads/2023/11/22/655e599fd44f8.png)
El Supremo no admite a trámite el recurso de Salou por|para el cierre de las terrazas
El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Salou contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con respecto al cierre de terrazas privadas que solicitaba el consistorio salouense. Esta era la última vía judicial que tenía el gobierno de la capital de la Costa Daurada para tratar de legalizar el cierre de las terrazas, hecho que no está contemplado en las normas urbanísticas. Ahora, tendrá que modificar el POUM para intentar que la Comisión Territorial Urbana de Tarragona se lo autorice.
Hace años que algunos vecinos de Salou se agruparon para reclamar al Ayuntamiento una solución a la problemática de las terrazas, ya que se daba la casuística que cuando un residente denunciaba a otro por tener la terraza cerrada el consistorio tiene que denunciar y sancionar a este vecino hasta que vuelva a abrir su terraza. En cambio, aquellos vecinos que tienen la terraza cerrada, pero a quienes nadie ha denunciado, el consistorio no los denuncia. Además, aquellos que ya hace años que han cerrado su terraza, si pueden acreditar con las facturas que han pasado más de unos diez años, tampoco se los puede multar porque el delito ya ha prescrito.
Ante esta desigualdad, la plataforma pidió al Ayuntamiento que pusiera remedio. La primera opción del consistorio fue trasladar la consulta a la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona, la cual puede aprobar puntualmente algunas modificaciones del POUM, pero alegó que sobre el cierre de terrazas no se podía modificar nada, si no se cambiaba el plan de ordenación general. Con todo, el consistorio quiso seguir adelante, confiado en que le acabarían dando la razón, pero el TSJC tumbó el recurso del Ayuntamiento de Salou para legalizar el cierre de terrazas. Con todo, la sentencia no era firme, ya que el consistorio tenía la opción de presentar un recurso de casación contra esta resolución.
Pero la vía judicial del gobierno salouense finalizó ayer, cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite porque no se dan los requisitos legales. Con esta decisión, la sentencia del TSJC ya se sujeta y el consistorio tendrá que buscar otros caminos. «Desde el Partido Popular lamentablemente ya advertimos al equipo de gobierno que pasaría eso y el tiempo nos ha acabado dando la razón, hemos gastado tiempo y dinero público en algo que ya estaba anunciado», critica Mario García, portavoz del PP en Salou.
Ahora el Ayuntamiento seguirá el «siguiente camino que teníamos previsto», dice Marc Montagut, concejal de Territorio en Salou, quién añadía que «es la revisión del planeamiento urbano, que empezará el próximo año.» Esta tampoco será una acción rápida, ya que el nuevo planeamiento urbano podría tardar entre dos y tres años en llegar. «En su día ya tendríamos que haber empezado a revisar el POUM y hacer una pequeña modificación, porque esta era la única vía que podría hacer factible este cambio con respecto a las terrazas, pero tampoco es seguro,» explica García, quien sentenciaba que «hemos perdido muchos años».
Continúan las sanciones
En esta línea, Montagut defiende que «la Generalitat ya nos avisó que si esta problemática se podría resolver de alguna manera, sería con esta revisión del POUM, pero nosotros entendíamos que la modificación también era un camino válido». Ahora que el Tribunal Supremo ha puesto punto final a esta vía, que se arrastra desde 2013 aproximadamente, la capital de la Costa Daurada se centrará en la revisión del POUM. Mientras tanto, las sanciones a los vecinos que tienen terrazas cerradas se seguirán produciendo hasta que vuelvan a abrirlas, excepto en los casos donde los jueces decreten que las obras han prescrito y, por lo tanto, no se puede sancionar.