Medio Natural
GEPEC-EdC alerta que una decena de líneas de alta tensión proyectadas desde Aragón trincharán 1.300 km de territorio rural
La entidad ecologista propone el uso de las 29.000 ha de suelo degradado que tiene el país para producir energía renovable
La entidad GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia las nuevas líneas de muy alta tensión (MAT) que se proyectan para evacuar energía renovable trincharían más de 1.300 kilómetros de territorio rural y espacios naturales en Cataluña, unas infraestructuras que supondrían deforestar cerca del 4.000 hectáreas, la superficie de 8.000 campos de fútbol. Después de las MATde Forestalia y GreenCapital, desde el agosto pasado se han publicado una decena de proyectos en el BOE, la mayoría para llevar|traer la energía desde los clusters eólicos de Aragón hasta el área metropolitana de Barcelona. La alternativa, insisten, es un modelo en que se implanten las centrales energéticas en el suelo degradado que ya existe en el país, hasta 29.000 hectáreas, según GEPEC-EdC.
Si se autorizan, las MATproyectadas trincharán 1.300 kilómetros de territorio y supondrían deforestar cerca de 4.000 hectáreas, superficie equivalente a 8.000 campos de fútbol. Quim Guasch, técnico de defensa ambiental de GEPEC-EdC, ha advertido que la línea de Forestalia, de Aragón en Begues, tendrá 280 kilómetros, pero necesita una franja de seguridad donde hará falta talar y deforestar 860 hectáreas, medida contra el riesgo de incendio. «Se puede extrapolar esta cifra al resto de proyectos que hay sobre la mesa, y los 1.300 kilómetros de líneas de alta tensión. El impacto es muy significativo», ha dicho.
La alternativa, insisten, es un modelo en que se implanten las renovables en el suelo degradado que ya existe en el país. GEPEC-EdC asegura que evitaría «la pérdida de biodiversidad» en este proceso de descarbonización «urgente y prioritario» que necesita el planeta. «Hay que acercar la energía a los lugares de consumo, sin líneas de mucha alta tensión, aprovechando 29.000 hectáreas que tenemos en Cataluña de suelo industrial, urbano, antrópico o artificial,» ha detallado Guasch.
Se trata, además, de aprovechar techos, polígonos industriales, áreas periurbanas, infraestructuras y servidumbres, como autopistas y carreteras, donde hay, «muchas hectáreas» donde poder instalar centrales de renovables. Aunque el recurso eólico no sea lo mismo que en otras zonas rurales, la entidad insiste en que el recurso solar es igual en Barcelona que en el Montsià o en el Alt Camp, donde ahora están proyectando la mayoría de parques solar fotovoltaicos. «Creemos que se podría cumplir con el objetivo de consumo de renovables del horizonte 2030», ha defendido Joaquim Estellé, miembro de la junta de GEPEC-EdC.
Para ejecutar esta propuesta, Estellé recuerda que Cataluña necesita un plan y un cálculo de necesidades y de posibilidades de producción que no se ha hecho y no acompaña ninguno de los dos últimos decretos de emergencia climática. La transición, como ha remarcado Estellé, también implica incentivar «el decrecimiento del consumo» e impulsar un modelo eficiente. Desde GEPEC-EdC, recuerdan que el mismo decreto de la Generalitat reconoce que alejar los centros de producción de los del consumo supone una pérdida del 15% de la energía producida a causa del calentamiento (efecto Joule).
Impacto en los espacios agrarios y naturales y a la biodiversidad
Si los proyectos se acaban ejecutando, GEPEC-EdC alerta de que afectarían directamente seis espacios naturales protegidos, treinta áreas protegidas por la Red Naturaleza 2000 e integradas en el PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural). También atraviesan 14 conectores terrestres de la avifauna protegida -algunas en peligro de extinción como el águila perdicera y la dorada, la Ganga o el Sisón-, dividiendo los hábitats, las migraciones y la interrelación de las poblaciones de muchas otras especies|especias animales.
Fraude de ley y suplantación de REE
La entidad ecologista denuncia que el modelo de transición energética de Cataluña sigue obedeciendo a los intereses de las grandes multinacionales, que quieren pasar de liderar la extracción de combustibles fósiles a liderar la revolución verde» sin respetar los espacios naturales y la biodiversidad. Acusan a las promotoras de cometer «un fraude de ley» cuando fragmentan muchos pequeños proyectos que «responden a uno o dos macroproyectos». «Fragmentados en series de diferentes MAT, subestaciones y centrales puede parecer que no son un macropoejcte, pero la realidad es otra», ha denunciado a Joan Pons, consultor jurídico ambiental de INSTA. Pones ha recordado que la Ley de evaluación ambiental prohíbe fraccionar los proyectos para minimizar el impacto ambiental, pero las grandes promotoras no lo estarían cumpliendo.
También acusan de «sobredimensionar» las líneas de evacuación para suplantar la función de Nada a Eléctrica Española (REE). Los proyectos publicados tienen más capacidad de evacuación que la producción de las centrales energéticas a las cuales están vinculadas. «Es fácil deducir que pretenden interconectar diferentes centrales y subestaciones e incluso interconectar subestaciones y líneas existentes», ha asegurado el consultor de INSTA. «No deja de ser un proyecto de líneas de transporte de energía y Forestalia, por ejemplo, quiere sustituir la función de REE», ha defendido.
La ley lo permite siempre y cuando REE haya delegado a las empresas esta función y que las promotoras, en sus estatutos y objeto social, tengan claramente definida esta función. «Ahora mismo no está demostrado por parte de estas empresas», ha recordado. Pones también ha señalado que los Planes estatales de transporte de la energía no prevén ninguna de estas líneas. «Cuesta entender cómo el Ministerio y REE las harán encajar», ha concluido.
Más tiempo para los afectados y ayuntamientos
Finalmente, desde GEPEC-EdC exigen que hay que ampliar los periodos de información pública de los proyectos para que 30 días hábiles porque son insuficientes para la ciudadanía y los ayuntamientos revisen expedientes de miles de páginas y gigas de información que las consultoras de las promotoras han estado trabajando durante años. También reprochan que las empresas no estén obligadas a justificar el encaje del proyecto con los planeamientos urbanísticos territoriales y municipales y que sean las administraciones locales que tengan que alegar si eso no pasa.