La Policía Local de Roda de Berà consiguió parar 94 ocupaciones ilegales

Entre los meses de enero y diciembre del pasado año, la Policía Local de Roda de Berà recibió un total de 130 avisos en que se requería su presencia por una posible ocupación ilegal de una vivienda. De ellos, en 94 ocasiones los agentes consiguieron evitar que la ocupación finalmente se llevara a cabo, es decir, en un 72% de los casos la presencia policial hizo que los ocupas no alcanzaran sus objetivos.

En cuanto al resto, en 36 ocasiones, debido a las circunstancias y de acuerdo a la legislación vigente, la Policía Local no pudo intervenir con el desalojo de la vivienda. En estos casos, una vez identificados los ocupantes de la vivienda y el titular de la propiedad, se dio cuenta en el Juzgado de Guardia del Vendrell. «Dedicamos muchos esfuerzos para erradicar la problemática de las ocupaciones ilegales y a abordar posibles soluciones para las situaciones que generan conflictos de convivencia en nuestro pueblo, pero hay casos en que la ley no nos ha permitido llegar más allá y finalizar con el desalojo de la vivienda», asegura Antonio Gómez, jefe de la Policía Local.

Medidas del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en febrero de 2020 una moción por la seguridad pública. Entre los acuerdos más importantes se pedía a la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya medios materiales, económicos y personales para resolver la situación de necesidad residencial real para quien lo necesite, pero al mismo tiempo se instaba a una modificación legislativa urgente para dotar de instrumentos y procedimientos eficaces a la administración local a que pudieran evitar las ocupaciones de presuntos delincuentes.

A raíz de la moción se creyó importando redactar un protocolo de actuación en caso de que se detectara una nueva ocupación, con acciones preventivas para parar futuras ocupaciones; y se formalizó una mesa de trabajo interdisciplinaria que analiza los nuevos empadronamientos y valora las posibles situaciones reales de exclusión social.

En la actualidad el Ayuntamiento se persona como perjudicado en los procedimientos penales por ocupaciones en el municipio y promueve procedimientos contenciosos administrativos contra quien, ocupando ilegalmente una vivienda, se conecta al suministro eléctrico o de gas generando peligro e inseguridad al resto de vecinos y vecinas.