El Camp de Tarragona busca incrementar el parque de viviendas sociales

La consejera municipal sospecha que entre los 5.281 se incluye todo el parque de protección oficial. De hecho, los datos facilitados desde el ayuntamiento indican que el principal parque de alquiler social en Tarragona está formado por las 890 viviendas de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), los 128 del servicio municipal gestionados por la empresa pública SMHAUSA, los 86 de la Bolsa de Mediación para el alquiler social, unos dieciséis que están en rehabilitación mediante un convenio de SMHAUSA con una entidad del tercer sector y una veintena aproximadamente que pertenecen a otras entidades. Pero sin embargo, hay 1.144 solicitantes de viviendas de protección oficial, y 1.053 han pedido también la bolsa de mediación para el alquiler social.

Pero la principal razón que ha llevado Tarragona a presentar alegaciones es «para que se determine cómo se financiará el objetivo». «No nos dicen ni cómo se financiará ni cómo se alcanzará, ni si habrá colaboración con otras administraciones para llegar a estas cifras», apuntaMiguel. La opinión la comparte el concejal de Acción Comunitaria de Valls, Jordi Cartanyà. «Para llegar al 15% hace falta que la administración haga las inversiones necesarias en el municipio para crear vivienda. Solo no se hará, y los ayuntamientos no tenemos musculatura económica suficiente», expresa. Por lo tanto, resume que si la Generalitat no pone dinero, el objetivo no se conseguirá.

Cartanyà indica que las limitaciones presupuestarias de los consistorios les imposibilitan resolver el problema solos. «Hacer una promoción nueva de siete u ocho viviendas vale unos 500.000 o 600.000 euros. Como mucho podemos hacer una promoción cada mandato», razona. Aparte, el concejal vallense recuerda que de unos años hacia aquí el 15% del nuevo parque de vivienda se tiene que destinar a finalidades sociales. Sin embargo «los privados harán lo que dice la norma, el 15%, no más» y considera que con la situación actual y los déficits históricos que se arrastran esta cantidad no permite resolver el problema.

Medidas propias

Con este escenario, los ayuntamientos trabajan para buscar soluciones que les permitan acercarse al objetivo, a pesar de las limitaciones presupuestarias. Las subvenciones para rehabilitar viviendas y destinarlas a alquiler social es una de las que se está esparciendo. Por ejemplo, en Valls dan hasta 10.000 euros por reformar el inmueble con la condición que durante cinco años lo gestione la Oficina Local de Vivienda.

Otra vía es la compra de viviendas. El consistorio vallense adquirió un edificio en mal estado, se derribó y ahora la apuesta es hacer ocho pisos para jóvenes «con un modelo de cesión de uso, para poder sacar adelante una promoción publicoprivada en régimen cooperativo para tener gente joven en el centro histórico y que puedan tener recorrido», relata Cartanyà. La relación entre cooperativas de vivienda y ayuntamientos también es una opción que se está explorando desde diferentes localidades.

El teniente de alcalde también incide en«verificar que todo lo que hoy es de protección oficial haga la función que tiene que hacer», ya que apunta que «hay pisos que ya no la hacen porque las personas que viven allí han mejorado su situación económica». A nivel de inspecciones, ciudades como Reus o Tarragona han firmado un convenio con la Agència de l'Habitatgede Catalunya para inspeccionar viviendas vacías, especialmente de bancos y grandes tenedores, para instarlos a que los pongan a alquiler social.

El consistorio tarraconense también a firmado un convenio con el AHC para formar parte del programa Reallotgem. Se contacta con los propietarios que tengan pisos vacíos y desde la Generalitat se adelanta el precio del alquiler a cambio de que se ponga enalquiler social. Es una garantía para que no tengan problemas de pago», detalla Miguel.

Para los grandes propietarios, la ley catalana prevé multas de entre 90.001 y 900.000 euros por el hecho de tener pisos cerrados. Pero los ayuntamientos también pueden aplicar medidas fiscales para incentivar que se pongan pisos en el mercado, como un incremento de la tasa del IBI para las viviendas vacías. Una medida que Tarragona ha aprobado.