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La fiscalía impone 7 años y medio de prisión a dos hermanos que apuñalaron a un hombre en Constantí

En el juicio por intento de asesinato se les ha rebajado la pena por reparación del daño

Ambos hombres acumulen más de 20 antecedentes policiales.

Mossos d'Esquadra, detenciónMossos d'Esquadra

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La fiscalía de Tarragona impone una pena de 7 años y medio de prisión a dos hermanos juzgados por un intento de asesinato. Los hechos ocurrieron en Constantí el año 2018. Los acusados se dirigieron a la víctima, con la que uno de ellos tenía una disputa pendiente. La discusión subió de intensidad y la víctima dio un puñetazo a uno de los acusados. Acto seguido, este sacó un arma de fuego. Mientras todos los presentes, incluida la mujer de la víctima, intentaban arrancarle el arma de las manos, el otro hermano se acercó al hombre por la espalda y le clavó una cuchillada que lo desplomó. La fiscal, sin embargo, ha tenido en cuenta el acuerdo al que han llegado los dos clanes familiares y lo ha considerado como atenuante de reparación del daño.

El autor de la cuchillada era adicto a la marihuana y había sido adicto al alcohol. Los dos hermanos huyeron del lugar y fueron a la Iglesia Evangélica para relatar lo que había pasado. El patriarca de la zona les indicó que se tenían que marchar del municipio para evitar «males mayores»y enfrentamientos entre los dos clanes familiares. Los acusados se marcharon a Girona donde, diez días más tarde -el 10 de octubre del 2018-, se presentaron en la comisaría de los Mossos d'Esquadra y fueron detenidos.

Según el escrito de conclusiones finales, «ambas partes, víctima y acusados, se sometieron a la mediación de los patriarcas de Reus y Constantí, los cuales, después de escuchar las versiones de las partes, promovieron un acuerdo según el cual los acusados y sus familias tenían que abandonar la zona, mientras que la víctima y su familia seguirían residiendo en la misma zona». A su vez, el clan de la víctima renuncia a la posible indemnización que les podría corresponder por estos hechos.

Aparte de la pena de 7 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados, la fiscal también los impone la prohibición de acercarse a la víctima, ni a su domicilio y puesto de trabajo a una distancia inferior a los 500 metros, ni tampoco comunicarse durante un periodo de 15 años.

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