La petroquímica de Tarragona, en peligro a causa del nuevo impuesto que prevé a la Generalitat, según Repsol

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado este lunes que la ley que prepara a la Generalitat para luchar contra los gases que generan el efecto invernadero es «una amenaza seria» para el desarrollo petroquímico de Tarragona y, en general, para toda la industria catalana.

Imaz, que ha participado en una jornada sobre la estrategia energética de la industria organizada por Foment del Treball, ha criticado abiertamente la iniciativa del ejecutivo catalán de imponer un tributo para las actividades económicas que generan estos gases, que cree «no tiene ningún sentido en un mercado sin fronteras» y acabará «penalizando» la industria catalana.

Según su opinión, el impuesto previsto supone «un riesgo muy importante para la industria catalana», ya que «habría plantas que no pagarían estos costes y otros que sí,» en función de sí están situadas en Catalunya o no, aunque se encuentren a pocos kilómetros.

«Es una amenaza seria para el desarrollo petroquímico de Tarragona y para la industria catalana en general», ha subrayado, para expresar después su deseo de que se resuelva y se imponga «un baño de realidad» en la política catalana.

El Govern dio luz verde el enero pasado a la memoria preliminar del Anteproyecto de ley del Impuesto sobre las actividades económicas que generan gases con efecto invernadero, como es el CO2, y que se destinará a alimentar un fondo climático.

Por otra parte, Imaz ha reivindicado una transición hacia la descarbonización a España que sea «justa» para las empresas y los consumidores, lo cual pasa, según su opinión, por frenar el alza del precio de la energía.

«Si hay que parar la actividad a lo largo del año porque tiene que haber un ERE por no poder pagar los precios energéticos, la transición no es justa», ha dicho, para pedir después de que se actúe «con humildad» para «repensar» alguna apuesta como la del vehículo eléctrico y para no demonizar algunas fuentes de energía.

En esta línea, ha alertado de que prohibir el motor de combustión es «dispararse un tiro en el pie» y supone «una amenaza» para el sector de la automoción, que aporta el 10% del PIB.

«Es un error porque lo necesitamos para avanzar en los biocombustibles, que nos tienen que servir para descarbonizar sectores como la aviación o el marítimo», ha dicho.

En esta línea, ha abogado para aprobar un «fuerte plan renove» para renovar el parque automovilístico, lo cual cree que «sería más barato e industrialmente tendría un efecto tractor brutal».