Agentes sociales y económicos rechazan el PDUAE del Alt Camp

Activistas, viticultores, campesinos y empresarios de turismo rural del Alt Camp mantienen su oposición al Plan Director Urbanístico de Actividad Económica (PDUAE) de la Plana, aunque los Ayuntamientos de Valls y el Pla de Santa Maria hayan anunciado que no quieren el proyecto. Los agentes sociales y económicos de la comarca consideran que el PDUAE supondrá un empobrecimiento de la zona y denuncian que las hectáreas proyectadas de suelo industrial son innecesarias. «Queremos evitar convertir el Alt Camp en una segunda Zona Franca», sostiene a ACN Maria Santiago, miembro de la Plataforma Territori Sostenible del Camp. En paralelo, los vecinos del barrio de Baiona de Valls desconfían que el proyecto esté enterrado y quieren que el Gobierno lo descarte definitivamente.

Santiago regenta una cooperativa de servicios turísticos que ofrece visitas guiadas que ponen en valor el producto de proximidad y el patrimonio arquitectónico y cultural del Alt Camp. Si el PDUAE sale adelante, tanto ella como los viticultores de la zona, con la DO Tarragona al frente, ven peligrar su negocio y el entorno en el que viven. «Es una primera fase para reconvertir una comarca agrícola que tiene una parte industrial y que está en equilibrio, con una segunda Zona Franca o quizás mayor», lamenta. Comparte la opinión el presidente de la DO, Vicenç Ferré, que cree que el proyecto perjudicará la apuesta del territorio por el enoturismo.

«Cuatro de cada diez naves y solares industriales del Alt Camp están vacíos o abandonados, sin edificar o con naves medio destruidas, y nos dicen que necesitamos centenares de naves de 500.000 m2 o 1.000.000 m2 porque eso será el oro del moro de la logística que nos salvará; en cambio, sólo generará riqueza para unos cuantos especuladores y agentes de la energía», argumenta el portavoz de la Plataforma Territori Sostenible del Camp, Fermi Bernardo. Además, asegura que el PDUAE contempla parques fotovoltaicos que producirán más energía de la que necesita la comarca y, que eso, derivará en nuevas líneas de alta tensión (MATE) que trincharán todavía más el territorio.

De hecho, el activista explica que el PDUAE proyecta, inicialmente, más de 400 hectáreas de energía fotovoltaica y que, con los diez molinos que ya hay en funcionamiento en el Alt Camp, la comarca tendría una capacidad de producción de entre 600 y 700 megavatios. «Una central nuclear produce entre 900 y 1.000, eso supondría que se producirían dos tercios de una nuclear», subraya. «Ahora, vivimos en una comarca con campos, cultivos y la ruta del Cister. ¿Quién querría ir a vivir a una zona con grandes naves industriales, mares fotovoltaicos, torres de alta tensión y molinos en el horizonte? Eso lo único que hará es empobrecer la comarca y enriquecer a muy pocos», observa Bernardo.

Por este motivo, desde la plataforma reclaman un cambio en la legislación que permita la protección de los espacios agrarios. Según los activistas, se tendrían que modificar los POUM de los municipios afectados -Alió y Vila-rodona-, y el Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprobado hace más de diez años, el cual contempla polígonos industriales de grandes dimensiones como el que se ha proyectado en el Alt Camp. «Haría falta una un plan especial de protección por los campos agrícolas, el problema es la falta de voluntad», añade Bernardo.

En la misma línea se han manifestado desde Unió de Pagesos, que consideran que el PDUAE es un proyecto «depredador» de suelo agrario que supondrá la pérdida de la producción agraria y de la biodiversidad de la comarca. El sindicato también denuncia la especulación y el incremento del precio de los terrenos ante la implantación de parques de energías renovables. Ante eso, pronostican que el plan director provocará que muchas explotaciones familiares desaparezcan. «Los grandes polígonos no tienen sentido, las energías renovables no se ubican donde tendrían que ir para que se respete el espacio agrario», lamenta Pere Guinovart, coordinador territorial en el Camp de Tarragona. El agricultor carga contra las administraciones y se pregunta: «¿qué política hacemos: una liberal para destruirlo todo o una pensando en el país y en equilibrar el territorio?».

Pérdida de las barracas de piedra seca

Otra de las preocupaciones de los activistas y empresarios es la desaparición de las barracas de piedra seca. En Vila-rodona, por ejemplo, el plan urbanístico pone 58 en peligro. Entre ellas ha previsto derribar una construcción con seis estancias que es «única» en Cataluña. «Las de Vila-rodona son excepcionales porque son de bóveda de cañón», indica Santiago. Por todo ello, reclama que se preserve el legado de estas construcciones así como el paisaje de la Plana de Secano». Son un legado que explica una parte de nuestra historia, que tiene una conexión directa con nuestros abuelos y de donde venimos. Nuestra responsabilidad es conservar esta memoria», expresa.

Los vecinos de Baiona, intranquilos

Por su parte, los miembros de la Asociación de Vecinos y Propietarios del barrio de Baiona de Valls, inicialmente afectados por el PDUAE, defienden que quieren seguir viviendo en sus propiedades y señalan que se tiene que trabajar por un crecimiento «sostenible». «No queremos entrar en la dinámica de si nos expropian. Si lo hacen, que sea porque hay un bien común por encima de los individuales, pero en este caso no está justificado. No puedes decir que harás un polígono logístico de muchas hectáreas y eso te convertirá en un polígono logístico. Este modelo fracasado es el que no tendríamos que aceptar dialogar», sostiene Josep Maria Pallàs, secretario de la entidad vecinal.

Aunque la alcaldesa Dolors Farré anunció que se retiraban del proyecto, los vecinos como los miembros de la Plataforma Territori Sostenible del Camp se muestran intranquilos ante la posibilidad de que se pueda reactivar más adelante, una vez se celebren las elecciones municipales. «Seguramente no estará muerto y enterrado hasta que lo diga la Generalitat. Ahora la batalla es contra el Gobierno», dice Francisco Porras, presidente de la asociación. Todos los agentes sociales y económicos coinciden en reclamar que hacen falta más transparencia, un debate más profundo y participación ciudadana a la hora de tramitar proyectos como el PDUAE.