Citan a declarar al expresidente de Gepec por las protestas contra un parque eólico en Riudecols

El expresidente del Gepec-EdC, Andreu Escolà, ha sido citado a declarar este viernes en los juzgados de Reus por unas protestas contra la construcción del parque eólico Lo Vedat del Pany de Riudecols, entre el 2019 y el 2020. La promotora Esbrug SL interpuso una querella contra diez activistas, entre ellos Escolà, «por haber participado en acciones contra las obras del parque eólico», según ha explicado. El activista ha respondido las preguntas de su abogado y ha asegurado que la querella es «una rabieta» por haber paralizado los trabajos después de denunciar que la licencia ambiental había caducado.

El caso se encuentra en fase de instrucción y ya han declarado cuatro personas. Tres más lo harán en un mes y el resto están pendientes de ser citados por el juez.

Una decena de personas vinculadas a la entidad ecologista Gepec-EdC han acompañado al expresidente de la asociación a su paso por los juzgados de Reus este viernes por la mañana. Escolà, que ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por su abogado -Carles Perdiguero-, ha salido de las instalaciones judiciales en poco más de media hora. En declaraciones a ACN, Perdiguero ha señalado que su cliente ha admitido haber tomado parte de las acciones de protesta en contra de la construcción del parque eólico Lo Vedat del Pany de Riudecols, que según ha asegurado, se amparan en el derecho de la libertad de expresión y de manifestación.

En esta línea, el abogado ha apuntado que la querella interpuesta por la empresa promotora del parque es «amplia» e incluye «identificaciones inconexas y poco fundamentadas» pero que en ningún momento «acredita la autoría de los hechos» por los que se lo acusa. El expresidente de Gepec ha asegurado que algunas de las identificaciones hechas se han basado en las matrículas de los vehículos aparcados en las zonas de las protestas y que en algún caso, pertenecen a personas que ni siquiera estaban participando en las acciones reivindicativas.

Según Escolà, entre los delitos que se le atribuyen se encuentran coacciones, desperfectos a maquinaria o ocupación del espacio que se enmarcarían en acciones realizadas entre el 2019 y el 2020. Es en estos años en que se extendieron las acciones reivindicativas contra la construcción de Lo Vedat del Pany. «Todas las actividades que hemos hecho han sido públicas, no hemos hecho nunca nada a escondidas, nuestra protesta ha sido de cara para transmitirlo tanto a la sociedad como al Gobierno», ha remarcado.

La querella interpuesta involucra a una decena de activistas, de los cuales ya han declarado cuatro. El próximo 14 de julio está previsto que lo hagan tres personas más, mientras que las tres restantes están pendientes de recibir la citación para declarar en los juzgados. Escolà ha apuntado que la fase de instrucción del caso podría alargarse hasta finales de verano, mientras que Perdiguero ha anunciado que una vez hechas todas las declaraciones, pedirán el archivamiento.

Las obras, paradas durante un año

En septiembre de 2020, la entidad ecologista Gepec denunció antela Fiscalia que la construcción de la central eólica de Lo Vedat del Pany se estaba iniciando con la autorización administrativa y la declaración de impacto ambiental caducadas. Después de un año con las obras paralizadas, Escolà ha asegurado que la empresa promotora se encuentra en trámites de actualizar los permisos para volver a poner en marcha los trabajos, de momento sin éxito. «No sabemos qué dirá a la Generalitat, pero viendo lo que está pasando hasta ahora, no tenemos mucha confianza. Parece que no tienen demasiado respeto por las montañas y los bosques de encinas que tenemos en el Baix Camp, que no están en ningún sitio más de estas dimensiones y antigüedad», ha lanzado.

Este no es el único caso judicial al que se enfrenta el expresidente de Gepec; Escolà acumula tres denuncias, una por las protestas contra la construcción del parque eólico entre Duesaigües y Riudecols y dos más relacionadas con la defensa del río Siurana y por el presunto robo de una placa franquista en el pantano de Riudecanyes en el 2018.