El secretario de Torredembarra alertó de irregularidades en la contratación de los alquileres

El secretario del Ayuntamiento de Torredembarra, Rafael Orihuel, ha afirmado que los contratos de alquiler de dos locales hechos sin concurso público no estaba justificado y que alertó de posibles irregularidades en el procedimiento. El funcionario ha declarado este martes en la primera jornada del juicio de la primera pieza separada de la macrocausa contra el exalcalde Daniel Masagué y otros cargos municipales, que se celebra en la Audiencia de Tarragona.

Además, ha señalado que en los expedientes para hacer la contratación, inicialmente, no constaba a qué uso se querían destinar los inmuebles. El testigo ha dicho que no había ninguna necesidad de alquilar estos locales y que Masagué no respetó sus funciones institucionales.

«No se siguieron los protocolos», ha declarado el secretario en referencia a la contratación hecha para alquilar los locales de la calle de la Riera de Gaià y del Priorat, situados en el polígono industrial y en el barrio de Clarà, respectivamente. Los hechos se remontan al año 2011 y en esta pieza hay como encausados el exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué y trece cargos municipales más, entre los cuales está la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, los concejales Francisca Felguera, José Oviedo, Pere Font Santiago Ardèvol y Juan Pérez, así como otros funcionarios del consistorio. Concretamente, se trata de la pieza separada de los alquileres, que es la número 1 de un total de nueve y la cuarta que se juzga.

Orihuel ha explicado que hizo dos informes en marzo del 2011 en los que denunciaba las posibles irregularidades que se estaban cometiendo en el procedimiento y advertía que estos contratos se tendrían que anular en el futuro. Asimismo, ha detallado que la jefa de contratación sólo había hecho un informe genérico donde sólo se destacaba la «singularidad» de los locales. El secretario ha especificado que, inicialmente, en los expedientes no figuraba el uso de estos inmuebles y que fue a posteriori cuando se les atribuyó un uso social. En concreto, para los castellers de los Nois de la Torre –local que nunca acabaron ocupando- y para la Policía Local. Orihuel también ha indicado que uno de los inmuebles tenía pendiente una deuda tributaria, por lo que, no se podía contratar.

En su declaración, ha asegurado que el exalcalde Masagué no respetó sus funciones y que le puso «trabas e impedimentos» para que no las pudiera ejercer libremente. «Presenté la queja a Antifraude, tenía miedo de represalias y pedí que se respetara mi identidad», ha añadido. Con respecto al informe externo de la empresa Efial, Orihuel ha sostenido que contradecía todo aquello que recogían sus informes. De hecho, en el caso de la contratación de esta empresa también ha considerado que no era necesaria, pero ha dicho que no hizo ningún informe en contra porque era una contratación menor. «Estaba dentro de los márgenes y en principio no tenía nada que decir», ha comentado.

El exalcalde Grangel insiste en que denunció porque veía «irregularidades»

En la primera jornada del juicio, también ha declarado el exconcejal del PSC y exalcalde Enric Grangel. El testigo ha recordado que presentó la denuncia -conjuntamente con la exconcejala Montserrat Gasull (ERC), que murió por una enfermedad- en la Oficina de Antifraude de Cataluña. Asegura que lo hizo porque «veía irregularidades». También ha denunciado los impedimentos para celebrar un pleno extraordinario una vez estuvo la resolución de Antifraude sobre la necesidad de convocar un concurso público para alquilar los locales.

El pleno, finalmente se llevó a cabo el 17 de enero del 2013: «el resultado fue de nueve votos a favor y ocho en contra para que los contratos continuaran en vigor», ha indicado. El exalcalde ha añadido que empezaron a sospechar de las irregularidades cuando se explicó el uso que se quería dar a los locales. «Teníamos un crédito ICO para poder hacer un edificio para ubicar el edificio de la Policía Local, me llamó la atención que teniendo un crédito se cogiera un local para alquilar», ha destacado.

Grangel también ha insistido en el informe externo hecho por Efial y ha asegurado que tendría que tener más peso los informes hechos por el secretario y el interventor municipal que por una empresa externa. «El informe externo no es necesario cuando tienes gente que los puede elaborar en el Ayuntamiento», ha dicho. También ha lamentado que el encargo no se hiciera por concurso público. Aparte, de Grangel, también han declarado agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Delitos Económicos de la policía judicial de la Tarragona. Todos ellos han confirmado que unos de los locales no cumplía con las condiciones de habitabilidad ni de higiene.

El juicio continúa esta tarde con la declaración del secretario que se ha detenido este mediodía para hacer un remanso. Orihuel tiene que responder a las preguntas de los abogados defensores del exalcalde de Torredembarra. La declaración del interventor, prevista para este martes, ha quedado pospuesta para mañana.