Caso Torredembarra: Los peritos dicen que las posibles irregularidades no tienen consecuencias penales

Los expertos han señalado que la adjudicación de contratos de forma directa estaba justificada, por una parte, por el informe de necesidad hecha por el jefe de la Policía Local - que exponía que el cuerpo necesitaba unas nuevas dependencias- y, por la otra banda, porque los informes de los técnicos municipales justificaban la idoneidad y la singularidad de los edificios.

«¿Estaba bien motivada la singularidad? Iban acompañadas de solidez técnica y de informes que decían que los edificios eran idóneos. Si el Ayuntamiento de Torredembarra se hubiera hecho un concurso público difícilmente hubiera encontrado un local que reuniera las características de los locales alquilados», ha señaladouna de las peritas.

En este sentido, ha argumentado que si en los expedientes no se hubiera justificado lo suficiente la idoneidad y singularidad de los edificios, este hecho no supondría la anulación del procedimiento. También ha sostenido que las infracciones se podrían enmendar o convalidar.

Con respecto al hecho de que los contratos de alquiler estén redactados de forma genérica y no se especificara en un primer momento el destino o bien los usos también estuvieran escritos genéricamente, una de las peritas ha justificado que el consistorio podía utilizar contrato-tipo para agilizar la tramitación. «El hecho de que el contrato se establezca de una forma genérica no es una ilegalidad administrativa, lo que es relevante es que se acredite que existe una necesidad específica para la que es necesario hacer un gasto», ha argumentado.

Los peritos han insistido en que los informes del secretario municipal, en los quealertaba de posibles irregularidades en el procedimiento de contratación, no eran vinculantes y que estos distorsionaron la tramitación de los expedientes. También han recordado que el trabajador tenía reducidas sus funciones.

Asimismo, han remarcado que la Junta de Gobierno Local, órgano que aprueba los expedientes, era en quien recaía la responsabilidad de los acuerdos tomados. «La ley dice que la responsabilidad no recae en el funcionario que la tramita – en referencia a la jefa de contratación-, sino al órgano administrativo del Ayuntamiento, y en este caso es el alcalde, quien tiene delegadas las responsabilidades», han añadido.