Municipal
Sancionan a dos propietarios de perros peligrosos en Cambrils por varias infracciones
La ordenanza municipal recoge la obligación de disponer de una licencia, registrarlos, llevarlos con bozal y correa y recoger los excrementos
El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cambrils ha endurecido los controles para detectar y multar incumplimientos de la normativa de perros potencialmente peligrosos, después de una primera fase de campaña informativa para recordar las obligaciones que recoge la Ordenanza Municipal reguladora de Protección y Tenencia de Animales de Compañía.
Este lunes la Comisión de Medio Ambiente ha acordado tramitar dos sanciones por varias infracciones. La primera multa suma un importe de 5.705,58 euros por no tener la preceptiva licencia (2.404,06 euros), no haber puesto el chip al animal (3.001 euros) y no tomar las medidas necesarias para evitar la huida del perro (300,52 euros). La segunda multa sube un total de 5.405,06 euros por no tener licencia (2.404,6 euros) y por no contratar el seguro de responsabilidad civil (3.001 euros).
El objetivo de esta campaña es mejorar la convivencia en la vía pública, garantizar la protección y bienestar de los perros, y preservar la seguridad de las personas. Los perros considerados potencialmente peligrosos son Akita inu, Bullmastiff, Dóberman, Dogo argentino, Hila brasileiro, Pit bull terrier, Presa canario, Rottweiler, Staffordshire bullterrier, Terrier staffordshire americano y Tunda japonés (Tunda inu).
Normativa específica
Las personas propietarias de este tipo de animales tienen que cumplir una normativa específica y más restrictiva que los obliga a disponer de una licencia para la tenencia y conducción que tienen que llevar siempre encima y pasear los perros con el bozal puesto y atados con una correa no extensible que supere los 2 metros.
Además, como con todos los otros perros, tienen el deber de identificarlos y registrarlos en el Ayuntamiento, recoger los excrementos y respetar las temporadas y limitaciones de baño en las playas.
El incumplimiento de la normativa puede comportar sanciones económicas para las personas infractoras que pueden ir de los 300 hasta los 15.000 euros.