Sociedad
Consumo interpone multas de 30.000 euros a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social en Tarragona
Uno de los expedientes sancionadores de la ACC se ha producido en l'Aleixar
El ACC ha sancionado a 15 grandes tenedores en Tarragona para no ofrecer alquiler social
La Agència Catalana del Consum (ACC) ha abierto 141 expedientes a grandes tenedores de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o unidades familiares vulnerables. De estos expedientes sancionadores abiertos desde el 22 de febrero del 2019 –fecha del levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de a Ley 24/2015-, 57 ya se han resuelto con sanción por infracción grave, con multas de hasta 30.000 euros.«10 han sido en Terrassa, seis en l'Hospitalet de Llobregat y cuatro en Castelldefels», ha detallado el director de la ACC, Francesc Sutrias, que también ha adelantado que contratarán 19 profesionales para velar que los grandes tenedores ofrecen alquiler social a personas en riesgo de exclusión residencial.
Campaña informativa de 240.000 euros
Empresa i Treball destinará 1,5 MEUR para hacer posible la contratación de estos 19 nuevos trabajadores de la ACC, que se dedicarán exclusivamente a garantizar que los grandes propietarios de pisos en Cataluña cumplen las obligaciones previstas en la Ley 24/2015, ampliada por la 1/2022, contra los desahucios y la pobreza energética. Entre los puntos clave, la obligación de ofrecer un alquiler social a familias en situación de exclusión residencial. «Estos refuerzos permitirán la tramitación de unos 100 expedientes cada mes durante los dos años de duración del programa», ha calculado el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, que también ha anunciado una campaña informativa valorada en 240.000 euros con el objetivo que los consumidores conozcan sus derechos en materia de acceso a la vivienda.
El contenido de la campaña se centra, principalmente, en informar sobre la obligatoriedad de los grandes tenedores de «ofrecer un alquiler social a familias vulnerables; la existencia del índice de referencia de precios de alquiler que se tiene que incluir en las ofertas y los contratos o de otras problemáticas recurrentes en el sector, como el retorno de fianzas, el cobro de gastos de gestión inmobiliaria o la negativa de facilitar condiciones del contrato antes de la firma», ha enumerado Torrent. «Disponemos de una ley valiosa y hace falta que la ciudadanía la conozca para hacerla cumplir», ha recalcado el titular de Empresa i Treball. La campaña informativa será con anuncios en radios, televisión y prensa, cartelería en la calle y mensajes en las redes sociales.
57 multas de 30.000 euros a grandes propietarios
El director de la ACC ha confiado en que con la incorporación de esta veintena de nuevos trabajadores el ritmo de tramitación de sanciones coja «velocidad de crucero» y ha señalado que las multas a los grandes tenedores irán en una horquilla de los 30.000 a los 100.000 euros. «En estos 57 expedientes que se han resuelto con sanción por infracción grave hemos optado por la cuantía inferior de 30.000 euros. No hay voluntad recaudatoria y estamos apostando, desde el inicio, por actuar con prudencia, proporcionalidad y seguridad jurídica», ha reflexionado en voz alta Sutrias. «Ahora bien, las sanciones son acumulativas y un gran tenedor se puede encontrar con varias multas por diferentes casos», ha puntualizado Torrent.
De momento, la Agència Catalana del Consum (ACC) ha detallado dónde se han producido los 57 expedientes sancionadores a grandes propietarios resueltos con multas de 30.000 euros: destacan los 10 en Terrassa, los 6 en l'Hospitalet de Llobregat, los 4 en Castelldefels, los 3 en Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat y Mataró, o los 2 en Tarragona, el Masnou, l'Aleixar, Vilanova y Barberà del Vallès. En el caso de Barcelona, no se contabilizan en estos expedientes porque los tramita directamente el consistorio.