Judicial
Proponen juzgar a 4 exalcaldes de la demarcación de Tarragona por prevaricación y malversación
La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a exalcaldes de Torredembarra, la Ametlla de Mar, Vandellòs y Ascó
Masagué y Font, a juicio hoy por los chiringuitos del caso Torredembarra
La Audiencia Nacional propone juzgar al exalcalde de la Ametlla de Mar Andreu Martí, el de Torredembarra Daniel Massagué, el de Vandellòs Josep Jaume Castellnou y el de Ascó Rafel Vidal, todos ellos de CDC, por prevaricación y malversación de dinero públicos, según ha informado el alto tribunal.
Los 4 forman parte de la investigación llevada a cabo por el juez José Luís Calamasa, que acusa dentro del mismo caso a 15 personas más, todas por presunto arreglo irregular de contratos en 14 ayuntamientos catalanes a favor de la consultora Efial. El procedimiento deriva de una investigación iniciada en el 2013 en el Juzgado 1 del Vendrell a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Torredembarra.
El escrito de Calama detalla la actuación de los responsables de la firma, los investigados de los ayuntamientos afectados, entre ellos los cuatro exalcaldes, y el «fraude cometido a través de esta forma ilícita de contratación», que cifra en 8,7 millones de euros.
La resolución indica que Efial emitía informes que contradecían los de los interventores y secretarios municipales, de manera tal que «se otorgaba una aparente cobertura de ilegalidad» adeterminadas decisiones y resoluciones «que en algunos casos se han mostrado contrarias a derecho».
La consultoría se había llegado a situar en algún consistorio como un «ayuntamiento paralelo» que tenía el objetivo «de evitar cualquier tipo de control administrativo, así como de cara a burlarse de las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas».
Según Calama, el mecanismo de actuación era la Empresa Pública Empresarial (EPE), «que parece únicamente encaminada a favorecer la relajación del control administrativo y rebajar el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública».
En paralelo, el juez considera que «no hay indicios» para considerar que las contrataciones en los ayuntamientos de Vilassar de Dalt y Tàrrega con Efial «tengan carácter delictivo», y acuerda el sobreseimiento provisional de dos de los investigados.