Un segundo activista declara por colgar una foto en las redes con una placa franquista y hacer mofa

El activista del GEPEC-EdC, Santi Borràs, ha declarado este miércoles en los Juzgados de Falset acusado de robar una placa franquista del pantano de Riudecanyes. Borràs, el segundo investigado en esta causa, ha asegurado que él no la robó y que se lo acusa por colgar una fotografía en las redes sociales y hacer mofa, donde lucía una réplica del vestigio durante el acto de apoyo al otro investigado por la misma causa.

El activista ha acusado a la Comunidad de Regantes de «criminalizar» y «judicializar» la lucha antitrasvase del río Siurana. También ha denunciado la mala gestión del agua por parte de los regantes, el Ayuntamiento de Reus y de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Decenas de personas se han reunido ante los juzgados para darle apoyo.

Borràs ha entrado a declarar al juzgado de instrucción número 1 de Falset a las diez de la mañana de este miércoles y sólo ha contestado las preguntas de su abogado. El letrado tiene previsto pedir el archivamiento del procedimiento, en el que también se investiga Andreu Escolà. Los activistas están acusados de robo a raíz de la desaparición de una placa franquista, del año 1966, situada en el pantano de Riudecanyes, en la que constaba este texto: «El Estado entrega el dominio de estas aguas, en perpetuidad a la Comunidad de Regantes. MCMLXVI». La Comunidad de Regantes de Riudecanyes les denunció el año pasado.

Según los ecologistas, la denuncia se basa en una fotografía donde el primer acusado -Escolà- salía con una réplica del vestigio «mayor que la original» y hecha de otro material. En el caso de Borràs, se lo investiga por otra foto hecha durante el acto de apoyo a Escolà que colgó en las redes sociales, donde también lucía una placa falsa. «Nos están criminalizando y judicializando para que no se hable realmente del problema del trasvase de agua y del espolio, es una manera de distraer la opinión pública porque ahora consideran un símbolo una triste placa, que no tiene ningún valor histórico», ha aseverado Borràs.

Comparte opinión, el otro investigado que considera que las denuncias sólo pretenden hacer «mayor» la causa y hacer «callar» al movimiento ecologista. Para Escolà, tienen todo el efecto contrario porque cada vez, sostiene, suman más apoyos. «Me piden tres años de prisión por robo de patrimonio histórico, para mí histérico, ya que es una placa franquista y la gente de la Comunidad de Regantes, como el gerente, se manifiestan abiertamente independentistas, es bastante contradictorio todo eso», ha opinado. Además, los dos investigados denuncian la mala gestión del agua por parte de los regantes y de la ACA.

Borràs, que es representante del GEPEC en las comisiones de desembalse y en la Mesa del Siurana, celebra que el Plan Hidrológico Nacional, haya fijado los caudales ecológicos para el Siurana, pero apunta que les hace «sufrir» la letra pequeña. «Tenemos que tener en cuenta que los 20 l/s que se estaban soltando hasta ahora no eran caudal ecológico, era caudal a cuenta de los 200 que dice la concesión que se tenían que dejar para los usuarios inferiores al punto de trasvase», ha manifestado. En este sentido, ha destacado que con la fijación de los 55 l/s actuales, se han triplicado los caudales. «Ahora, tendremos que ver estos 55 l/s que dan de sí, lo valoramos bien, pero está claro que son muy pocos litros y que hoy mismo no se están soltando», ha lamentado.

Aparte de este procedimiento, los activistas también han recordado que la Comunidad de Regantes de Riudecanyes, con el Ayuntamiento de Reus como accionista mayoritario, denunciaron Andreu Escolà y Anaïs Estrems - miembro de la Plataforma pel Riu Siurana-, por haber manipulado y bloqueado el azud el año 2017. «Cualquier cosa que hacemos van por nosotros, pero eso da mucha importancia al río y al movimiento, nos están poniendo en valor y seguiremos», ha cerrado Escolà.

El acto de apoyo a los investigados ha culminado con la lectura de varios manifiestos por parte de miembros de las entidades ecologistas. Al inicio de la protesta, que ha reunido a más de una cincuentena de personas en las puertas de los juzgados, los concretados han sujetado réplicas de la placa franquista desaparecida.