Una veintena de pueblos pequeños de Tarragona y el Ebre tendrán cajeros automáticos el 2024

Una veintena de municipios de menos de mil habitantes del Camp de Tarragona, les Terras de l'Ebre y el Baix Penedès tendrán un cajero automático a partir del próximo año. Como ha anunciado la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, se quiere garantizar «la inclusión financiera» de los pueblos más pequeños que no disponen de sucursal bancaria y el ente provincial lo financiará con un plan , que prevé aprobar en el plenario del mes de abril. La actuación supondrá una inversión de 1,8 MEUR durante los próximos cinco años. De momento, ya hay 31 municipios interesados, la gran mayoría de la comarca del Priorat.

El diputado delegado del Servicio de Asistencia Municipal (SAM), Enric Adell, ha puntualizado que esta treintena de municipios interesados no son los definitivos, ya que en los próximos meses «tiene que haber nuevos consistorios y las treinta peticiones se pueden convertir en cuarenta». Por este motivo, no será hasta después de las elecciones que los municipios podrán hacer efectiva su solicitud.

La Diputació de Tarragona prevé que en junio se publique la aprobación definitiva del plan en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) y a partir de aquí los ayuntamientos ya podrán empezar a inscribirse. Los criterios de selección serán el número de habitantes - priorizando los más poblados -, el hecho de haber tenido antes un cajero automático o una oficina bancaria, así como velar por una distribución equilibrada por todas las diez comarcas. Además, los entes locales tendrán que disponer de un espacio para instalar el cajero y tendrán que asumir los gastos corrientes de mantenimiento del espacio y los suministros.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha detallado que la instalación de los veinte cajeros se hará efectiva a través de un proceso de licitación que «permitirá contratar una entidad bancaria que será la que llevará a cabo este servicio a un precio máximo de 18.000 euros por cajero al año», de los cuales el 67% irán a cargo de la Diputació y el 33% del consistorio. De esta manera, el coste para los municipios será como máximo de 500 euros mensuales.

Frenar el despoblamiento rural

Llauradó también ha destacado que la actuación se enmarca en el conjunto de medidas que la Diputació está llevando a cabo para frenar el despoblamiento rural. «Nuestro trabajo en este sentido pretende evitar las desigualdades y garantizar los derechos de la ciudadanía con independencia de donde viva, bien sea un municipio pequeño o bien grande», ha asegurado la presidenta, quien ha añadido que el nuevo plan también «permitirá dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de estos municipios».