Amsamar abre una nueva vía judicial y reclama 3,1 MEUR por la antigua Aduana de Salou

El juzgado contencioso-administración 1 de Tarragona ha admitido a trámite el recurso presentado por Amsamar S.A., la sociedad propietaria de los terrenos de la antigua Aduana de Salou que abre una nueva vía judicial con que el Ayuntamiento de Salou se podría ver obligado a pagar 3,1 millones más a la empresa, que se sumarían a los 4,2 millones con los que el consistorio tuvo que indemnizarla después de un largo litigio. En el solar de la antigua Aduana, la promotora construye un bloque de apartamentos turísticos.

Después del pago de los 4,2 millones de euros por el cambio de usos de los terrenos –de hotelero a residencial– que efectuó el Ayuntamiento de Salou, Amsamar S.A. hizo una reclamación patrimonial por valor de 3,1 alegando el incumplimiento del Convenio del 26 de abril de 2012. En este, la administración local y la propiedad acordaban que se indemnizaría a la empresa in natura –en especies–, y que se recalificarían los terrenos de forma que tuvieran «una ordenación urbanística sin la vinculación singular», por lo cual se tramitaría una modificación puntual del POUM en un plazo de doce meses. No obstante, esta modificación del POUM no fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona, lo que Amsamar considera un incumplimiento de convenio. La sociedad presentó un recurso de reposición ante el silencio administrativo con el que el Ayuntamiento respondió a la reclamación patrimonial y este no fue admitido a trámite.

Ahora, la sala del contencioso-administrativo ha dictaminado a favor de Amsamar, estimando el recurso presentado por la mercantil «contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición contra la resolución del Ayuntamiento, mediante la cual no se admite la reclamación indemnizatoria realizada por el incumplimiento del Convenio firmado entre Amsamar y la corporación». Por lo que y, en consecuencia, el juzgado declara la nulidad de oleno derecho de la actuación administrativa impugnada, «con las consecuencias y efectos legales inherentes a la anterior declaración». El consistorio espera ahora que se resuelva el recurso que ha presentado contra esta nueva resolución de la sala del contencioso-administrativo.

El gobierno local comunicó al resto de grupos municipales el contenido de la sentencia en la última comisión de Urbanismo y esta ha estado calificada de «preocupante» por parte del portavoz del PP, Mario Garcia. Según Garcia, la sentencia abre la posibilidad «de que la propiedad de los terrenos de la Aduana pueda pedir una nueva indemnización de más de tres millones de euros después de que, en el 2016 ya tuvimos que hacer frente a una indemnización de más de 4 millones de euros por este caso». «A consecuencia de eso desde el PP pedimos que se creara una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, pero por desgracia nuestra petición no llegó a ningún sitio. Desde entonces, los únicos que están asumiendo las consecuencias de una gestión urbanística nefasta son los salouenses, que han visto cómo se dilapidan cantidades millonarias de dinero público que se tendría que utilizar para mejorar nuestros servicios, para tener un Salou mejor», añade.

El litigio entre el Ayuntamiento y Amsamar empezó con la aprobación del POUM, el año 2003, y el posterior derribo del edificio, el año 2006. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el año 2010 reconoció el derecho de Amsamar S.A. de reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados por la modificación de los usos de hotelero a residencial.