La Generalitat expropiará viviendas vacías en Reus, Tarragona, Roda y Valls

El Gobierno iniciará acciones para expropiar hasta 189 viviendas vacías propiedad de grandes tenedores de 14 municipios declarados de demanda fuerte y acreditada y con demanda de mesas de emergencia para destinarlos a alquiler social. Así lo refleja el acuerdo de Gobierno aprobado este martes en el Consejo Ejecutivo. La Generalitat requerirá a los propietarios de estas cerca de 200 viviendas que acrediten que su piso no está desocupado y, si no lo pueden hacer, se iniciará un proceso de negociación para que los destinen a alquiler social y en última instancia se optará por la expropiación forzosa. El Gobierno espera poder disponer de las primeras viviendas a partir del 2024.

Por ahora, la Generalitat dispone ahora de unos 5 millones de euros que servirían para expropiar, de momento, entre 50 y 70 viviendas para destinarlos a alquiler social, aunque no desde descarta acogerse a una nueva línea de crédito para aumentar esta cifra.

La gran mayoría de las viviendas pertenecen a grandes propietarios como bancos y fondo de inversión y provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, aunque la Generalitat ha declinado especificar la identidad de los tenedores.

Los 14 municipios donde se han detectado las 189 viviendas son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Son las localidades con fuerte demanda acreditada de vivienda social que respondieron al ofrecimiento de la Generalitat en 45 municipios para adherirse a un convenio para detectar y registrar los pisos vacíos. En este sentido, el Gobierno espera que esta iniciativa suponga un efecto multiplicativo y el resto de localidades se vayan añadiendo.

En toda Cataluña, constan 31.198 viviendas vacías, incluyendo las de Barcelona, que tiene una tabla de vivienda propia; y hay 1.800 casos en las mesas de emergencia. Para detectar los pisos vacíos, se cruzan datos como el padrón y los consumos y también se hace una inspección física.

Pasos antes de llegar a la expropiación forzosa

Los pisos que pueden ser expropiados constan en el registro de viviendas vacías y que una vez se haya detectado que llevan dos años sin ser habitados, se hará un requerimiento al propietario para que en el plazo de un mes acredite que no está desocupado. Si certifica que está ocupado o que por ejemplo está en el mercado de alquiler ordinario, el expediente quedará cerrado.

En caso contrario, se abrirá un periodo de tres meses para cerrar un acuerdo entre las partes sobre el destino de la vivienda. Una de las opciones es que el propietario y la administración lleguen a un entendimiento para destinarlo a alquiler social para los colectivos con vulnerabilidad acreditada. En este caso, la duración de los contratos son los que establece la LAU: de siete años si son de personas jurídicas y cinco si son de personas físicas.

Pero si después de los tres meses no se cierra un acuerdo, el proceso de expropiación saldrá adelante y pasarán a manos de la Generalitat después de abonar una cantidad equivalente al valor catastral en la Caja General de Depósitos a disposición del propietario.