Hard Rock, el proyecto del Camp de Tarragona que divide a los partidos

Hard Rock sigue sin ser una realidad después de más de una década desde el anuncio del macroproyecto conocido como Barcelona World. El complejo de ocio y juego de Salou y Vila-seca divide los partidos sobre el modelo turístico y económico del país en los comicios de este 28-M. Este año mismo, el proyecto se ha convertido en moneda de cambio para la aprobación de las cuentas catalanas. Si se cumple el acuerdo de presupuestos, entre ERC y PSC, el Plan Director Urbanístico (PDU) se tendrá que aprobar antes de finales de este junio. Su aprobación definitiva está sujeta a qué los informes sectoriales -ambiental y de riesgo químico- sean favorables para desencallarlo. Partidarios y detractores se acusan de demagogia y falta de transparencia.

El proyecto de Hard Rock ha estado rodeado de controversia desde el primer día. Ha generado división entre los partidos políticos y debate entre los agentes económicos y sociales del territorio. De hecho, la Plataforma Aturem Hard Rock ha pedido a las formaciones políticas que en estas elecciones del 28-M se posicionen claramente sobre si están a favor o en contra del complejo. Aunque no todos los programas electorales recogen sus posicionamientos sobre el proyecto, partidos como PP, PSC y ERC defienden la llegada de la multinacional, mientras que otros, como la CUP o los Comuns, la rechazan.

Cuándo se presentó el macrocomplejo tenía el apoyo del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. Con la empresa Veremonte y la Caixa al frente, el proyecto reunía seis parques temáticos que se tenían que ubicar en 445 hectáreas del ámbito del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou. Además, cada uno de ellos proyectaba un casino y un hotel, y tenía que suponer una inversión de unos 4.800 millones de euros. A finales de 2014, Veremonte se desdijo de la inversión y al cabo de tres años, Hard Rock lo asumió, redimensionándolo a un hotel, un casino y un área comercial.

Después de varios obstáculos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló el primer PDU en 2020 a raíz de una denuncia de la Plataforma Aturem Hard Rock. De hecho, el nuevo plan director no podrá aprobarse definitivamente hasta que todos los informes sectoriales sean favorables. Ahora mismo, quedan pendientes el informe ambiental y el de riesgos químicos. Según fuentes del Gobierno consultadas por ACN, técnicos del Departament d'Acció Climàtica y de Empresa trabajan con ambos documentos.

Ahora bien, no avanzan si estarán terminados antes del plazo previsto en el acuerdo de presupuestos para el ejercicio de 2023, en el que ERC y PSC acordaron que el plan director se tenía que aprobar en el primer semestre de este año. Por lo que, una de las opciones sería que se aprobara en la próxima Comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona prevista para el 21 de junio. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan que se podría dar luz verde en una sesión extraordinaria antes que acabe el mes de junio.

ERC, PP y PSC, a favor de Hard Rock

El cabeza de lista de ERC en Salou, Sebastià Domínguez, defiende que la aprobación del PDU va más allá del proyecto de Hard Rock y señala que mejorará la conectividad y la movilidad de las urbanizaciones Xalets y Mirador de Salou, así como la descongestión de la plaza Europa. Destaca que del macroproyecto inicial ya «no queda nada» y realza que el Gobierno ha adecuado el complejo a la realidad del territorio. «Entre los del no a todo y los de sí a cualquier cosa, nosotros decimos sí a las cosas bien hechas, sí al proyecto siempre que se respete el entorno natural, sí al proyecto cuando se disponga de los informes sectoriales favorables y sí siempre que no se malgaste el dinero público», asevera el republicano.

En el actual contexto de sequía, Domínguez responde que los consumos de agua previstos no tendrán afectaciones en los recursos hídricos de la demarcación. «Algunas agrupaciones políticas hablan de que el consumo de Hard Rock equivaldría a un 20%, según nuestras cifras, el proyecto anterior, que era mucho mayor, no llegaba al 1%: Los datos se tienen que explicar con rigor y no se tiene que engañar a la ciudadanía», lanza. Al mismo tiempo, opina que se ha hecho mucha demagogia en torno al complejo y asegura que se quieren mantener al margen de los «rumores» sobre la aparición de James F. Allen, representante del Hard Rock, en los papeles Paradise.

También es partidario del proyecto el alcaldable del PP en Salou, Mario Garcia. Formaba parte del gobierno municipal el año 2012 cuando se hizo el anuncio del primer complejo. Desde entonces, siempre ha dado apoyo y lo considera «muy importante» para el municipio, la demarcación y para Cataluña. «Es una inversión millonaria que creará muchos puestos de trabajo, generará mucha riqueza en la zona y hará que todo el territorio funcione mucho mejor; siempre hemos apostado por la desestacionalización de la temporada turística y creemos que este proyecto nos puede ayudar muchísimo a conseguirlo», afirma el popular.

Garcia recuerda que la apertura de PortAventura también tuvo opositores y que el tiempo ha demostrado que ha sido positiva para el municipio. Contrario al intervencionismo de los gobiernos y estados, considera que la construcción de un casino no incentivará el juego. «El casino es un atractivo más del proyecto», añade. También afirma que el PDU se tiene que aprobar sin más dilaciones para dar seguridad jurídica a los promotores y evitar que abandonen la inversión. El alcaldable también lamenta la falta de información en torno a la tramitación del proyecto, en especial, respecto a los informes desfavorables emitidos por los departamentos del ejecutivo catalán.

PSC: «Quedarse con el 5% de techo de juego es hacer demagogia»

El cabeza de lista del PSC en Vila-seca, Joan Anton Ramírez, afirma que el complejo de Hard Rock es un proyecto «básico y necesario» para el desarrollo del municipio y del territorio, el cual supondrá, dice, miles de puestos de trabajo directos e indirectos y posicionará la zona mundialmente. Como miembro de la junta del CRT, remarca que el Ayuntamiento de Vila-seca ha sido uno de los organismos que ha presentado más alegaciones al proyecto: «El proyecto inicial contemplaba una cantidad importantísima de techo del casino y juego y, hoy, sólo es del 5%, ahora es un proyecto muy adecuado y totalmente diferente del primero».

Asimismo, ha cuestionado los argumentos de aquellos que se muestran contrarios al casino por el hecho de que pueda incentivar el juego y las adicciones. «Todos llevamos un móvil al bolsillo, uno de los problemas actuales es el juego en línea, este proyecto tiene un 95% de cosas buenas que nos pueden hacer crecer y transformar el municipio y el territorio en los próximos 25 años, quedarse con el 5% de techo de juego es hacer demagogia», asevera. A la vez, afirma que quiere transmitir tranquilidad porque es un proyecto «sólido», el cual tiene el apoyo político y del tejido empresarial del territorio.

Por su parte, el presidente de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, reitera el apoyo de los empresarios al proyecto y señala que atraerá turistas de alto poder adquisitivo, como el asiático, el cual no es un turismo de sol y playa. «No hablamos de grandes concentraciones, sino de un turismo que complemente la oferta actual», sostiene. Ciuraneta también pide celeridad a la hora de aprobar el PDU y lamenta la burocracia del país. «Queremos ser tan garantistas que acabamos haciendo que la gente se decida hacia otros sitios», dice con respecto a la posible marcha de los inversores.

CUP y Comuns rechazan el proyecto

La CUP de Vila-seca se opone frontalmente al proyecto de Hard Rock porque sostiene que «no tiene ni pies ni cabeza» tanto en el ámbito urbanístico, turístico como en el ecológico. La formación anticapitalista contribuye a las elecciones municipales por primera vez y lo hace con Glòria Miguel al frente. La cabeza de lista denuncia la opacidad en torno al proyecto y asegura que no es el modelo económico que quieren para el territorio. «Nadie conoce el proyecto real, hemos buscado mucho sobre quién hay detrás de Hard Rock», dice. A la vez, considera que la construcción de un «macrocasino atentará» contra la salud pública e incentivará la ludopatía.

Miguel es crítica con el hecho de que el Incasol haga de puente entre la Caixa y Hard Rock en la compraventa de los terrenos y recuerda que se modificó la ley del juego en el Parlament «sólo para ellos» el año 2014. Eso, dice, demuestra «una falta de transparencia brutal por parte de la Generalitat». En este sentido, afirma que tanto la Caixa como Hard Rock están blindados. «En cualquier momento, Hard Rock se puede echar atrás y sólo perderían la garantía de cualquier concurso, no habría un gasto real, nos hace dudar mucho de que sea un proyecto real, todo huele a revalorización de los terrenos», manifiesta.

En Vila-seca, los comuns, encabezados por Núria Miret, también son contrarios al complejo. La cabeza de lista asegura que el proyecto no creará puestos de trabajo de calidad, sino todo lo contrario. Además, apunta que puede destruir el sector de la hostelería del municipio, el cual, dice, ya tiene problemas para encontrar trabajadores durante todo el año. Miret cree que se tendría que negociar la compra de los terrenos a la baja y lamenta su especulación. «La Caixa sacará un gran beneficio porque los compraron por cuatro pesetas», remarca.

Para Miret, una posible alternativa al proyecto de Hard Rock sería instalar «una plantación enorme» de placas solares y crear una mancomunidad entre los municipios de Salou, Tarragona y Vila-seca. «Sería una buena inversión y estaríamos todos de acuerdo», expresa la líder de Vila-seca En Comú. En paralelo, reclama más transparencia en la tramitación del complejo y estar mejor informados. «Aunque estemos en la oposición tendríamos que estar al corriente de todo aquello que pasa en un proyecto tan importante, hace falta más diálogo, y si en la próxima legislatura no hablamos más, puede acabar muy mal la cosa», cierra.

Nuevas movilizaciones

Desde la Plataforma Aturem Hard Rock se muestran convencidos de que pararán el proyecto, sea por la vía judicial o bien con las movilizaciones en la calle. De hecho, el próximo 18 de junio han convocado una manifestación a Tarragona para exigir que no se apruebe el PDU. «Desde el primer día hemos dicho que es un proyecto opaco, que nadie sabe que hay detrás, y lo poco que hemos sabido siempre ha sido muy turbulento, nos sorprende la inacción del Gobierno ante la noticia- sobre que se concedió la licencia del casino a una empresa fantasma», denuncia la portavoz, Anna Recasens. Opina que «es un hecho bastante relevante» como para revocar la licencia.

La activista explica que se oponen al proyecto porque está «sobredimensionado» y es inadecuado para el territorio. «Ni el PSC niega que nos encontremos en una situación de sequía, es muy incoherente sacar adelante un proyecto que consumiría unos 150 millones de litros anuales, con una piscina de 6.000 metros cuadrados, eso es muchísima agua», rebate. Respecto a la compraventa de los terrenos, remarca que los contratos ya no estan vigentes y subraya que ni los inversores ni el banco aseguran al Incasol que se saque adelante. «Es muy posible que se enganche los dedos y que acabe asumiendo unos terrenos por 120 millones de euros», apunta. Fuentes del ejecutivo catalán indican que todos los acuerdos previos han caducado y que han quedado superados por el último acuerdo de gobierno, el cual especifica que en el periodo de los dos meses posterior a la aprobación del PDU se redactarán de nuevo los contratos.

Posición de los sindicatos

Por su parte, los sindicatos mayoritarios señalan que desde la presentación del primer proyecto hace más de una década no se han vuelto a sentar con el Gobierno ni con los promotores para hablar sobre el proyecto. Lamentan que toda la información sobre su tramitación la han recibido a través de los medios de comunicación. También subrayan que velarán por unas condiciones y salarios dignos de los futuros empleados. «Nos han menospreciado, somos una parte importante porque somos los que tendremos que defender los trabajadores», manifiesta el secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort.

El sindicalista también cuestiona que el Incasol haga de intermediario: «No acabo de entender que sea la administración quien compre los terrenos para volver a venderlos, si el inversor está tan seguro de la inversión ¿por qué no los compra directamente?». Comparte opinión, la secretaria general de CCOO, Mercè Puig, quien afirma que prefieren la llegada de otros tipos de actividad económica, preferentemente de industria. «El sector servicios siempre trae precariedad; tenemos muchas dudas sobre si el proyecto será real, preferimos que pongan industria de calidad, como la relacionada con la transición verde», dice.

Los alcaldes de Vila-seca y Salou declinan hablar

Los actuales alcaldes de Vila-seca, Pere Segura, y el de Salou, Pere Granados, han declinado hacer declaraciones sobre el proyecto de Hard Rock para este reportaje. Tampoco ha querido participar la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, que se ha remitido al manifiesto unitario firmado por colectivos empresariales e institucionales de la demarcación en diciembre del año pasado.